La digitalización es un catalizador de bienestar económico y social; sin embargo, siguen existiendo barreras para que esto se convierta en realidad para varios países de América Latina y a través del sector de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) se siga contribuyendo a la generación de empleo y a una mejor calidad de vida de todos los latinoamericanos.
En Colombia, la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET), la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), y Asomóvil, que representan el 98 por ciento de la industria de telecomunicaciones, presentaron sus propuestas para el Plan Nacional de Desarrollo (PND).
En el mercado colombiano, del 2018 al 2021, el sector creció a una tasa anual promedio de 4.4 por ciento, mientras la economía lo hizo al 6.9 por ciento. La industria TIC representa el 3.9 por ciento del PIB al 2021 y genera 299 mil empleos.
No obstante, se prevé que comience una senda de recuperación, si se tiene en cuenta que al primer trimestre del 2022 el valor agregado producido por el sector incrementó 20.6 por ciento respecto al mismo trimestre del año 2021.
De ahí que las propuestas que presentaron a través de cuatro ejes: políticas de espectro; infraestructura; acceso, y normatividad, que responden a un diagnóstico del estado actual de las políticas y normativas que rigen la industria y el nivel de conectividad y de acceso actual del país, así como de las metas que se pretenden alcanzar.
“Los ejes de trabajo responden a planificar políticas de espectro que fomenten la inclusión digital, infraestructura como eje de política intersectorial, garantizar la asequibilidad y el acceso del servicio esencial de Internet, y un campo de juego nivelado en el mercado TIC y una normatividad que responda al nuevo contexto de mercado y tecnológico”.
En el primer eje se propone una ventanilla única, es decir, sustituir los permisos municipales al despliegue por declaraciones de conformidad; incluir incentivos normativos para la migración tecnológica; declarar los proyectos de construcción de redes como de utilidad pública e interés social; y por último, habilitar por ley permisos de acceso a predios para instalación y mantenimiento de infraestructura de telecomunicaciones.
Como segundo eje, sugirieron una regla en el presupuesto público de “inclusión digital”, aligerar las normas de alianzas público-privadas en el sector TIC, analizar las barreras a la prestación y la asequibilidad del servicio de internet declarado como esencial (Ley 2108/21), una política para la protección de infraestructura de telecomunicaciones, entre otras.
En el tercer eje, sobre la valoración del espectro radioeléctrico, plantearon incorporar de manera efectiva el criterio de maximización del bienestar socioeconómico; contar con procedimientos preestablecidos, claros y transparentes que faciliten las consultas a las partes interesadas y que otorguen certidumbre jurídica en los procesos de valoración y renovación del espectro.
Para el cuarto eje, propusieron asegurar un campo nivelado en el mercado TIC a través de la elaboración de un estudio del mercado audiovisual ampliado que incluya los Over The Top services (OTT) o plataformas digitales.
Este estudio, recomendaron, debe ser elaborado desde la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de Colombia y el Departamento Nacional de Planeación (DPN) para medir el impacto de la piratería de contenidos en el mercado, los usuarios y el Estado y buscar soluciones y reglas justas para todos los jugadores del sector; además de promover una actualización de la normativa de derechos de autor.
C$T-EVP
