Aunque hay temas que aún siguen pendientes en materia de política pública y acciones concretas para impulsar el desarrollo del sector telecomunicaciones, la decisión que tomó la autoridad hacendaria de no actualizar los costos del espectro radioeléctrico conforme a la inflación y las recientes declaraciones del subsecretario de Transportes sobre una posible reducción de precios de este insumo hacia 2023, dan buenas señales por parte del gobierno federal mexicano.
«Hay que reconocer que ha habido un cambio de cómo ve el gobierno federal el tema del espectro, porque se ha hablado mucho de eso, no sólo en esta administración, también en la anterior y la anterior. Esa buena señal también se dio en la recién aprobada ley de ingresos para 2023, en la cual la Secretaría de Hacienda decidió no actualizar los costos del espectro conforme a la inflación, esa es una bocanada de aire puro para las empresas», explicó Abel Hibert, vicepresidente adjunto de Asuntos Públicos de AT&T México.
Entrevistado en el contexto del Mobile 360, organizado por GSMA, el ejecutivo habló de la importancia de la visión que el gobierno federal está mostrando en torno a la importancia del espectro radioeléctrico como un recurso esencial para el sector telecomunicaciones y las implicaciones que ello tiene para la sociedad.
«Es un primer paso y es muy importante, aunque también es necesario dar otro segundo paso relevante, en donde veamos también medidas que puedan atender la estructura de mercado. Para operadores como nosotros es un costo fijo (el espectro) muy alto, es 15 por ciento de nuestros ingresos, ya de entrada es como si en un partido de futbol, entra uno con dos goles a cero en contra».
El pasado 29 de noviembre, en la inauguración del Congreso Latinoamericano de Transformación Digital (CLTD) 2022, Rogelio Jiménez Pons Gómez, Subsecretario de Transporte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de México (SICT) reconoció la necesidad de reducir los costos del espectro radioeléctrico porque “somos los más caros”, “esperamos hacer algo al respecto el año que entra porque son acciones fundamentales”, que en conjunto se tienen que hacer para poder lograr la conectividad más amplia entre la población de México.
Con relación a las propuestas de soterramiento de infraestructura de telecomunicaciones, Abel Hibert aseguró que si bien pueden estar motivadas por buenas intenciones, es necesario observar los costos que representaría para las empresas tener que atender medidas de este tipo que no consideran una planificación.
«Para las empresas representaría tener que destinar recursos a esas tareas o decidir llevarlos para mejorar las redes, ampliar la cobertura, y pues se debe ver la prioridad a nivel macro y de política pública general, sobre lo que requiere el país. Si la pregunta es qué necesita, claro que mayor cobertura y la introducción de nuevas tecnologías, y eso requiere recursos. Pero con estas propuestas (soterramiento>) estaríamos, literalmente, enterrando el dinero».
En 2021, se estimó que el soterramiento de las redes de telecomunicaciones, sólo en la Ciudad de México, tendría un costo de 44 mil 550 millones de pesos, con el consecuente impacto en los planes de inversión de los operadores en redes de última generación y afectaciones a los consumidores por la vía de incrementos en los precios de los servicios.
Para el ejecutivo, es imprescindible que se deje de ver al sector telecomunicaciones como la «vaca lechera» de la que se pueden estar extrayendo recursos, pues se trata de una industria con altas exigencias de inversión para enfrentar fenómenos tan complejos como la brecha digital que se evidencia en los millones de personas que aún no tienen posibilidad de acceder a los beneficios que ofrece el mundo digital.
«Todo eso requiere recursos, pero no solamente en la parte de infraestructura, ahora también nos los exigen la demanda porque llevar cobertura a zonas alejadas representa altos costos, y sin ingresos, se aleja aún más esa posibilidad para las empresas. Por eso es que hay muchas ideas y propuestas para llevar apoyos directos a familias para que puedan tener acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación).
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