En una década, el mercado mexicano de las telecomunicaciones ha registrado cambios difíciles de soslayar, y aunque los objetivos que impulsaron la creación de un órgano regulador autónomo como la competencia efectiva, la inclusión digital y mejores condiciones de mercado para empresas y consumidores, siguen vigentes, es oportuno mirar el retrovisor al tiempo que se trabaja en delinear un futuro de más y mejores oportunidades.
Desde la perspectiva de Cindy Rayo Zapata, directora para México, Centroamérica y Caribe de ASIET, la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) inauguró una nueva etapa para el sector de las telecomunicaciones en México. Se trata de un órgano autónomo respecto del Poder Ejecutivo, independiente en sus decisiones y funcionamiento.
Esta autonomía, reconocida y consagrada en la Constitución mexicana y en los propios tratados internacionales como el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), se traduce en que se trata de un órgano que no rinda cuentas a algún operador de telecomunicaciones y que pueda asegurar la sana competencia y el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones.
“Una autonomía que se requiere para poder acompañar la evolución del sector que ha venido a transformar la forma en la que nos comunicamos para siempre. La autonomía ha blindado la operación y gestión del sector con la construcción de capacidad técnica al interior del instituto para la toma de decisiones regulatorias y “aislarla” de las decisiones políticas o de gobierno que no siempre se encuentran alineadas con las necesidades del sector”.
La reforma constitucional y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014 marcaron un hito en la rectoría del Estado para el sector de telecomunicaciones, ya que sentó las bases para un rediseño institucional, la promoción de mayores inversiones en el sector, así como la provisión de servicios de mejor calidad y a menor costo para los consumidores.
Para la especialista, en apego a este ordenamiento constitucional, el gobierno mexicano debe seguir generado las condiciones regulatorias, certidumbre legal e incentivos, así como eliminar barreras para promover el despliegue de infraestructura y, sobre todo, conceptualizar el espectro radioeléctrico como un bien público cuyo uso eficiente maximice el bienestar social, de tal manera que así se promueva la democratización de los servicios, la competencia, la calidad y, en definitiva, el cierre de la brecha digital.
“Es clave mantener un órgano regulador que apueste al despliegue de conectividad, la transformación digital, procurando que las decisiones regulatorias sean a favor de proveer servicios en condiciones de competencia para el bienestar de la ciudadanía y el desarrollo del sector”.
De hecho, antes de la reforma de 2014, la prestación de servicios de telecomunicaciones se concentraba en unos pocos operadores en el mercado y la participación a la inversión extranjera estaba topada al 49 por ciento, las tarifas de interconexión estaban por encima de las recomendaciones de la OCDE y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
«El órgano regulador, la COFETEL, era un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dependiente del Ejecutivo Federal. Estas eran las principales condiciones que prevalecían en el mercado de telecomunicaciones antes de la reforma de 2014, aunado a poca oferta de servicios y altos costos para los consumidores», recuerda la directora para México, Centroamérica y Caribe de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet)».
El después de la reforma de 2014 marca un cambio sustancial en el sector transformando por completo la política pública en materia de telecomunicaciones acarreando con ello beneficios directos para la población en general. De 2014 a 2022, la inversión de los operadores de telecomunicaciones y radiodifusión alcanzó un monto de 96 mil millones de pesos y su contribución al PIB pasó de 1.8 por ciento a 3.3 por ciento.
Con la reforma, según cifras del IFT, los precios de los servicios de telecomunicaciones han bajado un 28.7 por ciento de junio de 2013 a mayo de 2022. Asimismo, ha habido un crecimiento sostenido en los servicios de telefonía móvil y fija. El número de líneas de acceso a internet tanto móvil como fija, las primeras se triplicaron alcanzando un total de 108.8 millones de líneas en diciembre de 2021 y las segundas tuvieron un incremento del 72.5 por ciento de 2013 a 2021 alcanzando 24.1 millones de líneas.
En cuanto a cobertura, según cifras del INEGI, en 2022, había 93.1 millones de personas usuarias de internet, lo que representó 78.6 por ciento de la población de 6 años o más. Por otro lado, según datos del propio órgano regulador de agosto de 2023, para el 2022 el 85 por ciento de la población indígena ya contaba con cobertura de servicio móvil, en al menos una tecnología, 3G o 4G, y en términos de acceso, en los 67 pueblos indígenas, el 67.61 por ciento cuenta con un teléfono celular.
Por otro lado, el trabajo conjunto que han realizado el regulador y los operadores para desarrollar las condiciones e infraestructura necesarias para el desarrollo de nuevas tecnologías, como 5G, ha sido fundamental, ya que se ha buscado ir integrando un ecosistema propicio en torno a dicha tecnología.
«Aunado a esto, el gran valor que tuvo la reforma de telecomunicaciones es el cambio estructural de la autoridad para poder contar con procesos reglados, transparentes e independientes que han permitido que los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión crezcan de manera acelerada en beneficio de la población».
En materia regulatoria, ¿qué áreas de oportunidad observa la ASIET?
“Desde ASIET consideramos que es necesario atender tres principales áreas. En primer lugar, la promoción y sostenibilidad financiera de la capacidad inversora de la industria de telecomunicaciones. Según un estudio elaborado el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (cet.La) y el Banco Interamericano de Desarrollo, la industria está invirtiendo a una tasa superior de la que es percibida como sostenible”.
Esto quiere decir que los montos agregados de inversión del sector en los diferentes países de América Latina representan en promedio 23.40 por ciento de las ventas brutas, dicha tasa es superior al rango sostenible de inversión si se compara con otras regiones del mundo y otros sectores que son intensivos en capital.
“Hay una presión sobre los operadores del sector para continuar invirtiendo en infraestructura para acomodar el crecimiento de tráfico y continuar modernizando sus redes. Por ello, se deben considerar cambios en el marco regulatorio, tributario y de políticas públicas que aseguren la sostenibilidad de las inversiones en el largo plazo destinadas al despliegue de redes y que estas sean rentables para los operadores”.
Desde la perspectiva de la directora regional de Asiet, la regulación debe actuar como habilitador para el financiamiento y la inversión en redes. Incluyendo la mejora y simplificación regulatoria, la adecuación en los instrumentos de fiscalidad y reducción de la carga tributaria, que debe adecuarse a la esencialidad de los servicios de telecomunicaciones.
En segundo lugar, los costos de espectro son el principal problema en México y América Latina. El espectro es el insumo básico para proveer servicios TIC: entendiendo la importancia de la conectividad su finalidad no debería ser recaudatoria, sino de expansión de estos servicios para la ciudadanía.
Aunque el IFT ha puesto a disposición espectro radioeléctrico, los altos costos han hecho que en la última licitación 38 de 41 segmentos quedaran vacíos y que operadores hayan tenido que devolver espectro. Actualmente, los onerosos costos hacen inviable la proyección de inversión de las empresas y repercute directamente en la participación de operadores en el mercado y el acceso de la población a servicios continuos y de calidad.
Asimismo, los servicios tradicionales de telecomunicaciones están cambiando, por lo que se precisa revisar la normativa actual para una modernización regulatoria especialmente para el despliegue de infraestructura y provisión de servicios que se adapte a los tiempos del mercado y los nuevos hábitos de consumo de los usuarios. Entendiendo que una regulación inteligente asegura mayor conectividad: la regulación no tiene que ser un freno a la innovación. El ejercicio de revisión y modernización de los marcos normativos debe considerar a todos los actores del ecosistema digital.
«Por último, se requiere de una visión de conjunto y de largo plazo, a través del diálogo público-privado para alcanzar las metas de conectividad planteadas y para definir buenas prácticas que aseguren la transformación digital inclusiva en México. Asimismo, los organismos reguladores de la mano con otras entidades de gobierno deben impulsar agendas digitales nacionales, como política de Estado, de carácter transversal y adecuadas a los objetivos de digitalización de los Estados, las cuales no sean meramente enunciativas y tengan continuidad en el tiempo».
¿Qué aspectos del regulador mexicano debieran tomarse en cuenta en otros países de la región y por qué?
El regulador ha implementado diversos proyectos encaminados a promover la inclusión, diversidad e igualdad de género para los diferentes grupos de la población, entre los que desatacan grupos indígenas, adultos mayores, mujeres, niños y niñas, a través de programas de desarrollo de habilidades digitales, ciberseguridad, bajo un enfoque de protección a los derechos humanos y no discriminación.
Otro proyecto del regulador, que es un buen referente internacional, tiene que ver con la transparencia en la publicación de estadísticas, informes y estudios periódicos sectoriales. Por ejemplo, los pronósticos de los servicios de telecomunicaciones que identifica las tendencias y expectativas a lo largo del tiempo en la prestación de servicios de telefonía y acceso a internet, tanto fijo como para móvil.
La publicación de información estadística trimestral que busca generar conocimiento sobre el desarrollo del sector de telecomunicaciones y radiodifusión que contribuye a fortalecer la toma de decisiones para los actores del ecosistema digital, que contiene información sobre portabilidad del servicio fijo y móvil de telefonía y acceso a internet, entre otros datos.
Las cadenas de valor tecnológicamente integradas generan a cada segundo un enorme volumen de datos que deben ser procesados en tiempo real, de modo que la información que generan las autoridades y el regulador son igual de importantes como los productos mismos. Por ello, contar con información estadística para la toma de decisiones es fundamental para impulsar el desarrollo económico del ecosistema digital.
En el 2021, reconociendo la importancia que tienen las redes 5G para el desarrollo de la conectividad y la transformación digital, el IFT estableció el Comité 5G que cuenta con la participación del sector público, privado y academia, cuyo principal objetivo es que en conjunto se puedan diseñar estrategias y mecanismos que sirvan de apoyo al Instituto para la implementación de 5G en México.
«Si la meta en la región de América Latina para 2030 es alcanzar una cobertura del 81 por ciento en 5G en la región, se requieren replicar grupos de trabajo como este que cuenten con la participación temprana del sector privado, que contribuyan a identificar casos de uso y modelos de negocio que hagan rentable y sostenible el uso de las tecnologías implementadas y las inversiones».
El IFT ha venido desplegando en los últimos años una política de gobierno electrónico, encaminada a reducir los costos y la carga administrativa para la industria, a través de la ventanilla electrónica de trámites, con lo cual, gran parte de los trámites y servicios se han homogeneizado.
«Es de destacarse que en el 2022 alcanzaron la meta de digitalizar el 100 del volumen de los trámites del registro público de concesiones. Estas acciones son un buen referente internacional para otros países para transitar hacia gobiernos electrónicos que buscan la simplificación regulatoria, menos uso del papel, así como transparentar sus procesos y regulaciones. El esfuerzo debe continuar en los procesos de simplificación y análisis de impacto de la regulación».
C$T-GM