Desregular las tarifas del Servicio de Acceso Indirecto al Bucle Local (SAIB) en 63 municipios del país es un paso regulatorio que contraviene lo dispuesto por la Constitución, pasa por alto compromisos adquiridos por México en acuerdos internacionales como el T-MEC y, de aprobarse, tendrá efectos nocivos para el sector telecomunicaciones en su conjunto, pues es evidente que no existen condiciones de competencia efectiva.
“Lo que se está haciendo es de alguna forma particionar la preponderancia, aún por encima de lo que la propia Constitución estableció. El efecto es mucho mayor que el que se ve, es simplemente hacer una interpretación distinta que evidentemente en el futuro podrá llevar a muchas otras que no consideramos que deban ser viables”, expuso Ana de Saracho, directora de Asuntos Públicos, Regulación y Mayorista de Telefónica Movistar.
En entrevista con ConsumoTIC, la ejecutiva explicó que si bien el sector mexicano de las telecomunicaciones registra avances importantes derivados de la reforma constitucional, “falta mucho por hacer”, sobre todo en el mercado móvil donde se observa una importante reconcentración.
A más tardar el próximo 9 de febrero, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) resolverá en torno a los criterios y umbrales de los parámetros para determinar la libertad tarifaria de América Móvil, el Agente Económico Preponderante (AEP) en el sector telecomunicaciones, en 63 municipios del país.
El órgano regulador propone aquellos municipios donde identifica condiciones como una participación de mercado del AEP en Telecomunicaciones menor al 50 por ciento, la existencia de tres o más operadores, de los cuales, al menos dos ofrezcan servicios a través de fibra óptica, entre otras.
“Esto afectaría a todo el país y a todos los sectores, no nada más al fijo. Pareciera que se está haciendo una interpretación de lo que la reforma constitucional quiso decir. La preponderancia es un tema nacional, y por sector y cuando se habla de sector es el de telecomunicaciones y eso implica fijo, móvil y televisión restringida”.
Con relación a la suspensión de plazos derivada de la contingencia sanitaria que ha llevado a un impasse en la verificación de obligaciones de América Móvil que ya suma más de 450 días, Ana de Saracho comentó que la supervisión continua por parte del regulador es uno de los temas que Telefónica Movistar pone constantemente sobre la mesa.
“Hemos sido muy vocales en decir que la preponderancia, además de tratarse básicamente de cuatro obligaciones que debieran de ser muchísimo más rígidas de lo que son el día de hoy, que son la replicabilidad técnica, replicabilidad económica, el uso de eficiente de las ofertas de referencia, la equivalencia de insumos, la supervisión continua y correcta del regulador, es la quinta cosa que siempre hemos puesto en la mesa”.
Y es que, dijo, en el papel se pueden poner muchas cosas que incluso pueden sonar buenas; sin embargo, es fundamental la supervisión del órgano regulador para identificar si se están alcanzando los resultados que se plantearon en la definición de medidas asimétricas impuestas al agente preponderante.
De acuerdo con el artículo 18.8 del T-MEC, se debe garantizar que el AEP ofrezca a sus competidores acceso a los elementos de su red local de manera desagregada con tarifas orientadas a costos, razonables, no discriminatorias y transparentes.
Con relación a cómo la liberalización de las tarifas del SAIB que propone el IFT es contraria a esta disposición, Ana de Saracho opina que los tratados internacionales en general tienen una jerarquía legal que los pone después de la Constitución.
“En esa medida hay que respetar esa jerarquía, en el momento en que México decide entrar a un tratado, es justamente para convertir lo que se firme en parte del sistema legal del país”.
C$T-GM