En México, donde la brecha digital es un fenómeno que mantiene en desventaja a más de 35 millones de personas, la piratería de servicios de acceso fijo a internet y tv restringida está poniendo contra las cuerdas a usuarios que ante la falta de más opciones en diversas zonas, se ven obligados a contratarlos, pero también a los proveedores formales que enfrentan una competencia desleal alimentada por la falta de supervisión de la autoridad.
“Se ha exacerbado una impresionante piratería con ISP (proveedores del servicio de internet) y tv restringida por todo el país. Hay por lo menos unas 200 denuncias sobre eso… Se está generando un desorden desde la autoridad, porque no hay inspección y verificación, y no hay control”, acusó Salomón Padilla, vicepresidente de la Asociación de Telecomunicaciones Independientes de México (ATIM).
En entrevista con ConsumoTIC, el abogado especializado sostuvo que diversos concesionarios que ofrecen servicios de TV restringida y acceso a internet en poblaciones rurales y suburbanas del país, han realizado las correspondientes denuncias ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
“Son alrededor de 200 casos a nivel nacional. En todas las poblaciones tenemos un operador que sin permiso para instalar redes alámbricas, las instala. Los denunciamos y no pasa nada”.
La existencia de este mercado ilegal, expuso, afecta a todo aquél suscriptor que cae en las manos de proveedores que no les entregan contrato alguno, aceptan pagos en efectivo sin seguimiento y se desentienden cuando el servicio falla; situación que incluso los agremiados de la ATIM han puesto en el escritorio de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), sin que hasta el momento haya una respuesta.
“En su necesidad de conectividad, el usuario se ve obligado a contratar este tipo de servicios, pero cuando le falla el servicio no tiene a dónde acudir. Hay quien dice, son grandes samaritanos que están ayudando a conectar a la gente en un momento tan difícil como una pandemia y ante la incapacidad de los operadores formales de estar en algunas poblaciones, pero en cuanto empieza a fallar el servicio, quedan a la deriva”.
Ante este escenario, enfatizó Salomón Padilla, es apremiante que el IFT realice las verificaciones correspondientes y que incluso, pregunte a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) si efectivamente está rentando postes a este tipo de proveedores y el uso que le están dando.
“Tenemos ISPs (Proveedores de Servicios de Internet, por sus siglas en inglés) con autorizaciones para prestar el servicio inalámbrico, y con esa autorización obtienen contratos de CFE para colgar fibra óptica, cuando no están autorizados para poner redes alámbricas y nos quitan los espacios para poner nosotros nuestras redes”.
Para el vicepresidente de la ATIM, los concesionarios asociados que dan servicio a 580 mil hogares, impactando a más de 2 millones 500 mil personas, están sujetos a inspecciones anuales, revisión de contratos, tarifas y otros criterios que son necesarios para dar certeza a los usuarios e incentivan la sana competencia; sin embargo, esta misma regulación los pone en desventaja ante un creciente mercado informal.
“Nosotros como operadores estamos obligados a cumplir con la NOM, la cumplimos pero cuando le decimos a la autoridad aquí hay gente que no tiene permisos y se está pasando de largo la NOM, pues la autoridad se queda callada. Ahí es dónde pedimos que se ponga más el foco, en la verificación y vigilancia”.
C$T-GM