A pesar de la constante evolución tecnológica e industrial del sector telecomunicaciones y, por lo tanto, de la política digital nacional instrumentada a lo largo de cuatro décadas, en México aún es posible identificar dos problemas crónicos: debilidad institucional y brecha digital.
“Han pasado casi tres décadas desde que el gobierno mexicano inició la primera generación de reformas en el sector de telecomunicaciones. Desde entonces, la industria ha crecido aceleradamente adoptando tecnología de punta, expandiendo el servicio y disminuyendo tarifas”, señalan los investigadores Judith Mariscal y César Rentería.
Sin embargo, subrayan en el libro “La política digital en México. Derechos, ciudadanía y gobierno”, editado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, una de las barreras más significativas para el desarrollo del sector ha sido una institucionalidad precaria.
Al analizar las tres grandes transformaciones que ha enfrentado el sector de telecomunicaciones (fin del monopolio natural, década de 1990; el boom de la telefonía móvil e internet, década 2000 y el despliegue de la banda ancha, década de 2010), los especialistas subrayan que la secuencia que siguió el proceso de reforma, en la que la ley y los órganos reguladores aparecieron cinco años después de la privatización, desfavoreció la competencia efectiva en el sector.
La mayor parte de las actividades de la Cofetel se limitaban a dar opiniones y recomendaciones no vinculantes sobre distintos temas, entre los que destacan el otorgamiento de concesiones, la generación de normas, los planes técnicos, la licitación del espectro radioeléctrico y la imposición de sanciones.
Hasta su extinción, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) se mantuvo como una unidad administrativa subordinada de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), sin mayores poderes de decisión en asuntos clave como concesiones, permisos y sanciones.
Esto, refieren, ocasionó uno de los problemas que más se discutió durante la década de 2000: la “doble ventanilla” entre la Cofetel y la SCT. La falta de una autonomía real de la comisión y sus poderes limitados llevó a un proceso regulatorio lento e ineficaz, en parte, porque la entidad no disponía de la autoridad suficiente para tomar acciones decisivas y oportunas.
La reforma en telecomunicaciones de 2012 buscó solventar este problema crónico y por ello se ordenó la creación de un órgano constitucionalmente autónomo en términos de presupuesto, legislación y toma de decisiones: el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que sustituyó a la Cofetel.
“El énfasis en la fortaleza del regulador no es trivial; en términos de competencia de mercado, de acuerdo con la literatura en la materia, los reguladores autónomos y colegiados en su toma de decisiones juegan un papel fundamental en la mejora de la competencia”.
Esto debido a que el proceso por el cual las instituciones tienen un impacto en el desarrollo de las telecomunicaciones es a través del uso de normas, reglas y contratos para proveer incentivos que buscan alinear las decisiones de las empresas al interés público.
Por tanto, las posibilidades de éxito de las políticas regulatorias dependen fundamentalmente de la efectividad de las instituciones en las que el proceso regulatorio toma lugar.
En el capítulo “La política digital en México: Siguiendo a la innovación tecnológica”, Judith Mariscal y César Rentería señalan que la brecha digital es otro problema crónico que enfrenta México y que tiene una fuerte asociación con las condiciones de pobreza y desigualdad.
Sin embargo, la brecha digital no sólo se explica por causas económicas, pues también existe la imposibilidad de acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) por carencia de habilidades digitales, de beneficios percibidos del servicio e incluso por cuestiones culturales.
Este problema se define como la brecha de adopción y se refiere a la no adopción de las TIC en la vida de las personas, no por cuestiones relacionadas con el precio o el ingreso, sino por falta de conocimiento de sus potenciales usos en la vida cotidiana o por la carencia de habilidades que permita a las personas utilizar dichas tecnologías.
Regular bien y a tiempo, desafío de la política digital
En su análisis, Judith Mariscal y César Rentería señalan que la política digital es un concepto en evolución, pues lo “digital” aglutina e impacta a cada vez más esferas de la vida social, por ejemplo, la privacidad de las personas, las relaciones laborales y comerciales a través de la economía de plataformas (o economía gig), o la ética de la toma de decisiones basadas en la Inteligencia Artificial.
“En este capítulo revisamos dos de ellos: la debilidad institucional y la brecha digital. Pero otros retos, como las prácticas monopólicas, la asequibilidad de los precios al consumidor o la conformación de un ecosistema digital pueden representar también retos que no han sido resueltos del todo por el gobierno mexicano”.
En este contexto, uno de los grandes desafíos de los gobiernos en cuanto a la política pública, pero sobre todo a la regulatoria de las telecomunicaciones ha sido seguir el ritmo de las innovaciones tecnológicas, las cuales siempre van un paso adelante de la regulación.
“Entonces, quizá el reto crónico más importante que ha enfrentado la política digital nacional ha sido (y seguirá siendo) la aparente condena de siempre ir un paso atrás de la innovación tecnológica, pero con la obligación de siempre ir un paso adelante de la obsolescencia regulatoria. La política digital tiene un permanente deber de urgencia por regular bien y a tiempo”.
C$T-GM
