IFT trabaja en los lineamientos: Ramiro Camacho.
La controversia constitucional que presentará el IFT en contra del decreto que creó el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) no tiene como única finalidad señalar la falta de presupuesto, pues además de defender su autonomía, el órgano regulador tiene claro su mandato constitucional como garante de los derechos de los usuarios de servicios de telecomunicaciones.
“Por ahí se dice que lo único que nos interesaría es el presupuesto pero no, en realidad nos interesa, además de eso, garantizar los derechos de los usuarios, y la misma autonomía. Vamos a interponer la controversia por las cuestiones que consideremos que afectan la autonomía y la capacidad de cumplir con nuestro mandato”, dijo Ramiro Camacho, comisionado del IFT.
En entrevista con ConsumoTIC, el funcionario refirió que el área jurídica del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ya se encuentra analizando el caso y en la elaboración de la controversia constitucional que se presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Ramiro Camacho dijo que el presupuesto que tiene asignado el órgano regulador es un tema fundamental en el análisis de la implementación del PANAUT, que entró en vigor el pasado 17 de abril, ya que involucra una base de datos de más de 120 millones de usuarios que tiene como principal reto la seguridad.
“Aunque las cuestiones específicas de la controversia no se han redactado, no estamos limitados al presupuesto, vamos a ver las cuestiones de derechos de los consumidores, de los usuarios, y cuestiones que tengan que ver con la autonomía del instituto. El área jurídica está en la etapa del análisis específico”.
Las controversias constitucionales, detalló, son recursos legales que se promueven con la finalidad de que la Corte determine si hay invasión de las atribuciones que la Constitución otorga, en este caso al IFT.
“Lo que estamos analizando es que este decreto podría comprometer nuestro mandato establecido en la Constitución de garantizar el derecho de acceso a los servicios de telecomunicaciones, además de la misma autonomía para el ejercicio del presupuesto porque el decreto podría obligarnos a mover recursos del trabajo muy importantes que está realizando el instituto”.
El comisionado del IFT subrayó que el IFT ya trabaja en la elaboración de las disposiciones administrativas y lineamientos que el decreto le ordena realizar, pues en tanto no exista una decisión por parte de la Corte, el órgano regulador cumple y respeta lo que le establece la ley.
En dichos lineamientos, en los que se especificarán cuestiones como qué tipo de datos se tendrían que proporcionar al momento de adquirir un teléfono celular, se privilegiarán en todo momento los principios de proporcionalidad que deben estar presentes para proteger los derechos de los ciudadanos.
“Mientras la SCJN no dé una suspensión o decida otra cosa, nosotros vamos a cumplir con el decreto. Ya empezamos a trabajar en la elaboración de los lineamientos, ya empezamos con los primeros pasos y vamos a seguir, esto sólo podría cambiar si en el inter la SCJN toma una decisión”.
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