El sector telecomunicaciones atraviesa uno de los momentos más complejos después de la reforma que tuvo entre sus motivaciones establecer fundamentos constitucionales y legales para crear una nueva arquitectura jurídica, institucional y regulatoria; hoy, el cortoplacismo en la política fiscal que hace del espectro un recurso inalcanzable y la reconcentración derivada de una débil competencia de mercado, están poniendo entre las cuerdas a los consumidores.
Y es que en medio de una crisis económica como la que se vive por la pandemia, la disponibilidad, asequibilidad y calidad de los servicios de telecomunicaciones, son atributos vitales que corren el riesgo de adelgazarse ante la falta de competencia efectiva y la certidumbre necesaria para las cuantiosas inversiones que se requieren en un país caracterizado por múltiples brechas socioeconómicas.
“Me preocupa ver los signos que se van acumulando sobre una competencia más vulnerable y eso significa que necesitamos aprovechar mejor los factores que están al alcance de las autoridades, pero para ello necesitamos articulación, diálogo y acciones orientadas al mismo objetivo, que es impulsar la inclusión, la digitalización”, opina Elena Estavillo, directora de Centro-i.
Si bien es cierto que todos los mercados son imperfectos y que siempre es posible encontrar barreras y prácticas contrarias a la competencia, asegura la especialista, la actuación oportuna y eficiente de la autoridad es clave para detener efectos que terminarán afectando a los usuarios de servicios vitales como el internet y la comunicación móvil.
“Aquí es donde se han debilitado la señales públicas para esas condiciones de competencia. Si vemos los totales de las cifras de inversión en telecomunicaciones hay un buen resultado, considerando el momento de crisis en el que nos encontramos, pero si vemos empresa por empresa, nos encontramos con que prácticamente una sola empresa es la que está generando la mayor parte de las inversiones y las demás se han mantenido al mínimo”.
De acuerdo con datos de la consultora The CIU, el mercado mexicano de las telecomunicaciones padece una grave reconcentración derivada de la “incapacidad sistémica para empatar el terreno competitivo”, pues en los últimos años se observa una trayectoria al alza en los ingresos y márgenes operativos en favor del Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEPT).
Ello, particularmente en el mercado móvil en el que Telcel ostenta una participación de mercado en ingresos de 71.2 por ciento al segundo trimestre de 2021, nivel similar al que registró (72.8 por ciento) cuando fue declarada la preponderancia en marzo de 2014.
“Esta tendencia alcista también es visible en la generación de ingresos por la venta de servicios, componente en el que este operador registra una participación de mercado de 71.4 por ciento, que si bien se ha mantenido prácticamente constante en años recientes, es categóricamente superior al 64.5 por ciento que registraba en el primer trimestre de 2017”, precisa Carlos Hernández, director de Análisis de The CIU.
Con excepción de lo observado en los Operadores Móviles Virtuales (OMV), esta concentración contrasta sustancialmente con lo registrado en el resto de los competidores tradicionales (AT&T y Movistar), que muestran una línea descendente en sus ingresos por la venta de servicios en el periodo analizado.
La ausencia de condiciones para nuevas inversiones, la devolución de espectro por parte de operadores como Telefónica Movistar, la visión recaudatoria por parte del Estado, el lento avance del despliegue de más y mejor infraestructura de telecomunicaciones y los desafíos que representa la inminente llegada de 5G, son algunas de las señales que obligan a actuar con urgencia.
Remontar la crisis económica es un objetivo que exige tomar con seriedad y responsabilidad la tarea de llevar internet a cada una de las personas, empresas, organizaciones y gobiernos a nivel nacional, pues está altamente probado el impacto multiplicador de la conectividad.
Para Estavillo, los precios por el uso y aprovechamiento del espectro se colocan como una pieza más en el escenario adverso que puede vislumbrarse en el mercado mexicano de las telecomunicaciones, pues la política fiscal observa únicamente beneficios a corto plazo y no el impacto negativo que representa el hecho de que en México este recurso valga mucho más que en toda América Latina.
“No tenemos una acción deliberada y contundente para impulsar la digitalización en este país; el tema de espectro debería ser un tema importante de este plan que necesitamos y que sería fundamental para la recuperación económica y sobre todo para poder recuperarnos con igualdad. La pandemia ha ampliado brechas y desigualdades, ya de por sí grandes e históricas”.
Para la especialista, el discurso relacionado con la inclusión y la necesidad de aumentar la conectividad en México, debe llevar implícita la convicción de forjar un futuro realmente digital; sin embargo, para ello es fundamental dejar de esperar que el desarrollo en la materia se dará por generación espontánea.
“Se tienen que articular acciones, por una parte no es posible que se esté diciendo que es importante y al mismo tiempo poniendo derechos por el uso del espectro tan altos, que funcionalmente son como impuestos. Cuando se quiere desalentar una actividad económica, pues se le ponen impuestos y si se quiere impulsar, se bajan”.
En este contexto de desafíos y consecuentes efectos negativos en el bienestar de los consumidores, Gonzalo Rojón, Director & Socio Partner de The CIU, opina que es imprescindible la actuación contundente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), como autoridad en materia de competencia.
Ello, mediante la definición de obligaciones de inversión para el AEPT; regresar al régimen de terminación de llamadas asimétricas “cero” para impulsar la competencia vía inversiones; verificar el cumplimiento efectivo de las medidas de compartición de infraestructura pasiva y desagregación de la red local, y ejercer sanciones en caso de incumplimiento.
Asimismo, es clave proceder a la separación estructural del AEPT para impedir conductas discriminatorias encaminadas a obstaculizar el desarrollo de operadores competidores; además de negar categóricamente la entrada al mercado de TV de paga, así como establecer una medición de la preponderancia en la cual se integre el componente de ingresos.
C$T-GM