Exigirá capital contable de 15 mil mdp y garantía de seriedad de mil mdp
En el proyecto de la Red Compartida, el gobierno federal impuso la creación de un Fondo de Reserva, el cual cubre el eventual riesgo que el concesionario ganador decline dar cobertura en las zonas rurales que suelen ser las de menor rentabilidad en su modelo de negocio.
“No sería la primera ocasión que se ve en un país la renegociación de un contrato; para ello se estableció este mecanismo que mantiene los incentivos en todo momento para que el concesionario cumpla con la cobertura comprometida”, explicó la Subsecretaria de Comunicaciones, Mónica Aspe Bernal.
El fondo se crea desde el inicio del contrato; se van depositando recursos, para que conforme avance el proyecto se cree un fideicomiso privado; los recursos sólo pueden ser utilizados para dar cobertura después que rebasó el 85 por ciento comprometido, “no podrá tener otro uso”.
El contrato de Asociación Público Privada (APP) establece una Cobertura Poblacional Ofertada que obliga al concesionario a que por cada 1.0 por ciento de población en localidades con más de 10 mil habitantes, tiene que garantizar una cobertura efectiva de al menos 0.15 por ciento.
“Se trata de que el proyecto avance donde se tenga la mayor rentabilidad pero también que haya cobertura en la parte rural”.
Detalló que el proyecto prevé un apalancamiento máximo de 70 por ciento, con el ejercicio de un mínimo de capital de 30 por ciento, durante cada año que se lleve a cabo el despliegue de la red (siete años en total).
Como contraprestación el gobierno exigirá el pago de una renta de 366 millones de pesos anuales por el arrendamiento del espectro y el uso de los derechos, así como compartir 1.0 por ciento de los ingresos.
Hay un capital mínimo contable requerido de 15 mil millones de pesos y una garantía de seriedad de mil millones de pesos, “lo cual para algunos ha resultado caro, pero la magnitud del proyecto exige un tamaño de consorcio que puedan asegurar la capacidad correspondiente con el tamaño de la tarea”.
Un contrato de Asociación Público Privada (APP), que vigilará la SCT y el IFT, obliga al gobierno a aportar 90 MHz de espectro, Derechos de acceso y uso sobre los hilos de fibra óptica; a través de la Licitación de la Red Compartida tendrá un socio que ponga el capital, construya la red y a partir de ese negocio recupere su inversión.
El Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel) será el representante del gobierno federal que aportará el espectro radioeléctrico, además que converge Telecom, que es la entidad que aporta directamente los derechos del uso de la fibra, que obtuvo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
C$C-EVP