Conectar a millones y no sólo a miles, el gran desafío: ITU.
El despliegue de 5G en áreas rurales y aisladas permitirá a las comunidades beneficiarse de la tecnología digital y contribuir con su desarrollo; sin embargo, los costos de implementación de esta nueva generación móvil son extremadamente altos en las áreas rurales y exigen el diseño de nuevos modelos de colaboración y financiamiento.
“El costo per cápita de la implementación de 5G en una zona rural se ha estimado en 3 mil 981 dólares”, refiere el Informe de la VII edición Económica de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
Aplicar estos puntos de referencia a un país como México, destaca el documento, resultaría en un requisito de inversión de alrededor de 27 mil 180 millones de dólares, en una nación donde el CAPEX anual de los operadores inalámbricos es aproximadamente de 2 mil 070 millones de dólares”.
En este contexto, los gobiernos pueden optar por proporcionar recursos para promover el despliegue de 5G en zonas rurales. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) en los Estados Unidos, por ejemplo, aprobó recientemente un esquema de conectividad rural 5G.
“El esquema proporciona financiamiento a operadores de telecomunicaciones móviles y les permite licitar para apoyo financiero específicamente para desplegar redes 5G en áreas rurales con densidades de población más bajas que en los centros urbanos para aumentar la posibilidad de que los ciudadanos y las empresas del país en las zonas rurales puedan beneficiarse con 5G”.
El documento reconoce que antes de la pandemia existían modelos innovadores para cerrar la brecha digital, por lo que la crisis sanitaria simplemente reforzó la necesidad de acelerarlos, escalarlos o expandirlos a más contextos geográficos. “Sin embargo, el desafío sigue siendo hacerlo de tal manera que puede beneficiar a millones, en lugar de a miles”.
Los modelos de negocio de la brecha digital requieren amplias asociaciones intersectoriales entre diversas organizaciones y sectores que pueden tener diversos intereses; en el lado regulatorio, es fundamental permitir el despliegue de infraestructura y accesos alternativos para reducir los costos de implementación.
También es necesario reducir los impuestos especiales sobre servicios y dispositivos digitales, incentivar la compartición de infraestructura y promover el desarrollo de servicios en zonas rurales como el comercio electrónico y plataformas de medios, como catalizadores para el despliegue de redes.
Por el lado del financiamiento, se debe reconocer el importante papel de las Instituciones Financieras para el Desarrollo (DFI, por sus siglas en inglés) e identificar que abordar los aspectos de la brecha digital relacionados con la infraestructura requiere diferentes tipos de inversión.
“Al abordar la financiación de proyectos para los aspectos de la brecha digital relacionados con la infraestructura, el sector de las TIC tiene mucho que aprender de otros sectores, como las energías renovables y el agua y saneamiento, que llevan mucho tiempo abordando la cuestión del acceso universal”.
En el documento, la ITU subraya que la pandemia ha agravado las difíciles condiciones económicas que impulsan la brecha digital, ya que la contracción económica, el crecimiento más lento y el aumento del desempleo han dado lugar a importantes desafíos económicos para los usuarios de servicios digitales.
Además, ha ampliado la brecha en la disponibilidad y calidad de la conectividad entre los mercados y, de manera igualmente significativa, dentro de los mercados (entre entornos urbanos y rurales, ciudades primarias vs secundarias, etcétera).
La reducción en gastos de capital (CAPEX) en telecomunicaciones, como resultado de la recesión económica inducida por COVID-19, está teniendo un impacto negativo en la expansión de la red, particularmente en zonas rurales.
Sobre una base estructural, la presión a la baja sobre los ingresos debido a que el aumento del tráfico no se traduce necesariamente en un aumento de la rentabilidad, está limitando la capacidad de inversión.
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