En América Latina, como en México, la necesidad continúa siendo el desarrollo y la inclusión a las economías digitales, así como atender la brecha digital, temas a los que ahora se suman prioridades como acelerar la Transformación Digital (TD), y la modernización de infraestructura hacia tecnologías 5G, lo que exige que los reguladores y gobiernos dejen su zona de confort y generen políticas públicas, incentivos fiscales y regulación que impulsen la inversión.
“Los gobiernos y autoridades regulatorias deberán salir de su zona de confort y empezar a coadyuvar con otras entidades, porque la planificación y desarrollo normativo de estas tecnologías no solamente tiene que ver con las telecomunicaciones… hay temas fiscales materia de los ministros de finanzas, y la 5G, es un desarrollo industrial, agrícola o de comercio extranjero, por ejemplo”.
Al participar en el Coloquio UIT de Políticas y Economía (IPEC-22) Raúl Katz, Presidente de Telecom Advisory Services, añadió que esto exigirá evaluar herramientas disponibles desde el punto de vista económico-fiscal, tanto para estimular el crecimiento de la economía, impulsar el desarrollo de infraestructura digital en zonas rurales, así como apoyar programas de modernización de infraestructura 5G.
“Es necesario saber cómo tomar por los cuernos el tema de la brecha digital, una de las preocupaciones clave… la experiencia durante la pandemia es que los países ya no pueden dejar a parte de su población aislada, en términos de acceso a la conectividad, por la importancia que tienen las telecomunicaciones en temas de información, de servicios médicos remotos, de trabajo remoto etcétera”, destacó.
Ahora es necesario planear y saber la forma más adecuada de cómo modernizar y qué incentivos económicos-fiscales se requieren para garantizar que las tecnologías avanzadas como 5G y la fibra óptica sea desplegada en la región, condición ahora imprescindible para integrar esquemas de TD como los que ya se viven en forma acelerada en el mercado global.
Diseñar y planear políticas públicas es relevante si se considera la tendencia de disminución registrada en la inversión per cápita observada en telecomunicaciones, particularmente en mercados desarrollados que han resultado afectados por una tendencia negativa.
La inversión en infraestructura telecom en África subsahariana disminuyó desde 2018; en América Latina cayó en 2020; en Asia Pacífico, la tendencia negativa reanudó en 2021, lo mismo que en los Estados Árabes y en Europa del Este se registra un estancamiento de este indicador del 2020 al 2021.
Esta problemática, es mayor si se considera que hay regiones donde los usuarios observan 8 o 14 dólares per cápita, pues para algunas economías es insostenible tener un gasto similar al que ejercen países industrializados de América del Norte o Europa Occidental, la cuestión entonces es ¿qué hacer para revertir esta tendencia, reconociendo que esto es un impedimento estructural?”.
Las opciones o mecanismos son diversos; compartir infraestructura reduce a los operadores más gasto de capital, y aunque esta es una solución viable desde el punto de vista económico, hay ciertos impedimentos y cuestiones de coordinación que los reguladores y autoridades deben resolver.
“Aunque se parta del hecho que todos los operadores están dispuestos a compartir infraestructura, lo cierto es que algunas empresas no están tan dispuestas a ello, dado que estarían cediéndole ventajas a sus competidores habiendo hecho inversiones considerables, para desplegar su infraestructura lo que se convierte en un cuello de botella”.
Reducir impuestos para aumentar el capital disponible para invertir es otra opción, que implica brindar incentivos para el despliegue de redes en áreas rurales, incluir la reducción de tarifas regulatorias de telecomunicaciones, diseño de marcos fiscales a nivel subnacional para abordar necesidades específicas de despliegue rural, eliminar el pago de derechos de importación de equipos para los consumidores, así como disminuir pagos de licencias de espectro.
También está explorar nuevas oportunidades comerciales como promover servicios financieros rurales, comercio electrónico y plataformas de medios como un servicio que impulse primero la demanda, para luego estimular a los proveedores de servicios de telecomunicaciones el despliegue de redes.
Recurrir a modelos operativos diferentes que representen una menor economía de servicio, como redes comunitarias, microtelcos, proveedores de servicios de Internet inalámbricos basados en Wi-Fi, es decir, alternativas más adecuadas para satisfacer la demanda en las zonas rurales.
Importante sería revisar el marco fiscal para abordar asimetrías existentes entre los proveedores de servicios de infraestructura y las plataformas Over The Top. Implica modificar el modelo de contribuciones relacionadas con los Fondos de Servicio Universal para exigir que los jugadores que dependen de las redes para brindar su servicio, como las plataformas OTT se sumen a este tipo de aportaciones.
Algunas mediciones han demostrado que hay ciertos usuarios que utilizan Internet sólo en ciertos momentos, particularmente en horarios nocturnos, cuando la capacidad de las redes telecom son utilizadas por la demanda streaming y acaparadas en 75 por ciento por los servicios OTT.
“¿Por qué no se les pide a las plataformas OTT que utilizan dicha infraestructura, que contribuyan también a los fondos de servicio universal? y con ello hacer uso de esta asimetría, para establecer una modalidad que empareje el ámbito de operaciones y poder acelerar el despliegue en zonas rurales”.
Para resaltar algunos de los temas en los cuales se ha estado trabajando en la región de América Latina, se tienen algunas cifras y modelos generados en cuanto a tasación y el efecto que esto tendría en los niveles de inversión en infraestructura.
En algunos países de la región, el costo total de impuestos llega a representar el 20 por ciento de los ingresos por ventas, “lo cual es altísimo y resulta obvio porque no se tienen los fondos necesarios para invertir en infraestructura. Logrando una reducción impositiva se tendría más capital para invertir, mayores niveles de acceso, y un mayor impacto macroeconómico.
Resolver temas impositivos, añadió Raúl Katz, también ayudaría a dar respuesta a temas de asequibilidad que persisten en la base de la pirámide socioeconómica; algo también crítico, pues el nivel de tasación afecta el consumo y la producción, en términos de esta asimetría «estamos generando un desequilibrio, estamos generando peso muerto».
En términos de modernización de redes hacia un modelo 5G, lo que se puede apreciar es que el nivel de inversión que se requiere en diversos países de la región, en términos de despliegue a escala nacional es elevado, y lo que hay que evitar es que ese proceso genere otra brecha, entre grandes ciudades y zonas con fuerte rezago.
Finalmente y no por ello menor, está la necesidad de estipular por ley, precios menores del espectro radioeléctrico, porque su costo en América Latina es altísimo. Es necesario reconocer que este activo no debiese ser un modo adicional para que Hacienda recaude mayores fondos.
Lo importante es obtener un despliegue mayor de infraestructura, para generar un mayor impacto económico y de desarrollo, lo que implica permitir mayor uso del espectro, a costos más competitivos, de tal modo que se pueda reducir el costo de despliegue y también disminuir las obligaciones de cobertura.
Los servicios 5G son clave en cuanto a uso e innovación, pero avanzar en su desarrollo no solo es cuestión de telecomunicaciones aisladas, sino considerar que hay un peso social importante, donde el regulador y la normativa en infraestructura debe salir de su zona de confort y entablar diálogo con otras áreas de gobierno, de modo que se pueda construir puentes y políticas públicas viables.
Este tema también es un problema de desarrollo social y educación de escalabilidad; la tecnología es solamente un punto en las telecomunicaciones, por eso es importantísima una regulación colaborativa, donde el regulador, secretarías y dependencias salgan de su zona de confort, además de vincular al sector privado, para ver el cómo se pueden desarrollar estas políticas.
C$T-EVP