Obligada una evaluación de todos los órganos de gobierno.
Bajo el escenario actual, antes de emprender una Reforma Administrativa sería oportuno evaluar si la actuación del Ejecutivo realmente está enfocada en atender los temas prioritarios del país, si se está ante una política pública seria o si “estamos frente a una cortina de humo” que sólo busca desviar la atención de los temas relevantes.
“Como ha sido planteado el debate, no tiene pies ni cabeza… al parecer no es el mejor momento para discutir un tema complicado y con muchas aristas, además de estar en medio de una crisis de salud que en el caso mexicano ya tiene una gravedad preocupante, especialmente en la Ciudad de México y las principales zonas urbanas”, precisó Rodrigo Morales Elcoro, Economista, experto en políticas públicas y Derecho sobre Competencia Económica.
Llama la atención, añadió, que la estrategia del gobierno federal esté concentrada en una Reforma Administrativa, en lugar de estar enfocado en prioridades como ampliar los recursos del sistema de salud, definir una estrategia de movilidad social y de vacunación, así como de asegurar los recursos que esta crisis demandará, considerando que los meses de enero, febrero y marzo resultarán sumamente complicados por el aumento de hospitalizaciones y decesos.
“Debería de asegurarse una menor movilidad social y proveer de recursos a la población más vulnerable, estamos en un momento en que la prioridad debería ser la salud de los mexicanos y no desviarnos hacia un tema de estructura institucional que no parece ser prioritario en este momento.”
Reconoció que aunque siempre será posible mejorar el diseño institucional en el país y que aún hay muchos problemas en materia de competencia, no significa que la mejor opción sea reintegrar al gobierno federal a los Organismos Constitucionalmente Autónomos (OCA) pues ello representaría volver a concentrar en el Ejecutivo funciones de competencia, de telecomunicaciones y de acceso a la información.
“Sería un retroceso a la década de los 60, al inter-presidencialismo, con un Estado incapaz de cumplir con todas las funciones, y sacaría al país del radar de las inversiones nacionales y extranjeros que buscarían países donde haya mejores garantías”.
Desgraciadamente el presidente de la República no ha entendido el papel de los OCA, que dicho desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se trata de un “modelo de diseño estatal insertado para atender el funcionamiento de mercados complejos… mediante la creación de ciertas agencias independientes de los órganos políticos, y de los entes regulados para depositar en éstas la regulación sobre la base de racionalidades técnicas”.
Tanto el IFT como la COFECE han tenido que asumir funciones que tradicionalmente realizaba el Ejecutivo por la necesidad de tomar decisiones técnicas y enfocadas a objetivos claramente con dirección hacia el bienestar social, lo que exige que estén blindados de intereses tanto de las empresas reguladas, como de los actores políticos.
“Los OCA realizan tareas complejas con total transparencia y con los estándares más elevados que a nivel internacional son indispensables para atraer inversiones y hacer de México un polo de inversión atractivo, si se dejan este tipo de decisiones con un nivel de discrecionalidad, los inversionistas lo pensarán dos veces para venir al país, y considerarlo como un punto seguro de inversión”.
Una reforma como la propuesta tendría efecto negativo sobre tratados internacionales como el T-MEC, el cual exige que los reguladores sean profesionales e independientes, una alteración en la estructura y diseño institucional de los OCA, podrían generar controversias en el marco del tratado comercial, entre México, Estados Unidos y Canadá.
Este perfil también explica por qué la necesidad de que sean autónomos, no solo desde su presupuesto, el cual debe ser suficiente para que cumplan con sus tareas en forma plena, sino que deben estar integrados por profesionales con pleno conocimiento técnico en su campo de acción, con lo cual se evita que pase la “catástrofe y destrucción” que sucedió con la Comisión Reguladora de Energía.
En opinión de Morales Elcoro, el Ejecutivo actúa con “una visión miope” al calificar como gasto excesivo el presupuesto invertido en el IFT y la COFECE, pues cuando se evalúa el beneficio que generado al consumidor, este es superado por mucho, respecto del gasto público que representa.
Finalmente indicó que tanto los OCA, como todos los órganos de gobierno, así como las políticas públicas del Ejecutivo deberían estar bajo evaluación: evaluar la construcción de la refinería de Dos Bocas, la viabilidad del Aeropuerto Felipe Ángeles, una evaluación económica y ambiental del Tren Maya, la política energética de esta administración, así como evaluar si actualmente existe una política industrial, y la estrategia de cómo se está abordando la pandemia.
“Creo que estamos cayendo en la trampa de intentar una concentración del poder por parte del Ejecutivo Federal, sí hay que hacer una evaluación completa de la actuación del gobierno federal, empecemos con los proyectos que se están llevando miles de millones de pesos que debería dedicarse a enfrentar la pandemia”.
C$T-EVP
