Un error “encarecer” la conectividad futura del país.
Al tratarse de un insumo básico para los operadores, enfrentar un incremento en el costo de los derechos por el uso del espectro radioeléctrico implicaría que las empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones tuvieran la necesidad de evaluar la posibilidad de subir el precio de sus servicios.
Esta acción no podría calificarse como “ilegal o inmoral”, pues la fórmula en el mercado global para cualquier negocio es sumar la estructura de costos, aumentar un margen de ganancia y con ello definir el costo final de sus servicios, sostuvo Ernesto Piedras Feria, director General de The Competitive Intelligence Unit (CIU).
“Cuando se encarece el maíz, encareces el taco, para los operadores el espectro es un insumo esencial. Subir el pago de derechos se explica porque ellos saben (SHCP) que sin espectro no hay operación y porque el consumidor pagará lo que tenga que pagar, porque no pueden prescindir de esos servicios, porque no podrá cancelar su consumo”.
Aunque en el discurso no hay nuevos impuestos, en la práctica si hay un aumento en las contribuciones, pero el cálculo y la propuesta presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para respaldar su iniciativa de Ley Federal de Derechos 2021, parte de “premisas falsas” porque asegura que el costo del espectro está por debajo de sus referencias internacionales.
Esto es inexacto, en el caso de la banda de 600 MHz, considerada como una frecuencia de nueva generación no tenía gravamen alguno por su uso, y ahora la iniciativa de Ley Federal de Derechos propone “un gravamen fiscal” que además resulta desproporcionado.
“De aprobarse esta iniciativa el pago por Derechos en la banda de 850 MHz sería 5.6 veces más alto que el de nuestros pares en el mercado global, en la banda de 600 MHz quedaría 13.6 veces mayor, y en la de 3.5 GHz se elevaría 5.5 veces”.
Entre otras de sus múltiples facultades, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es responsable de ejecutar la política fiscal del país, pero también promover el crecimiento económico con “equidad y bienestar”. Con el cobro de este nivel de Derechos, la autoridad hacendaria seguro que podrá aumentar la recaudación, pero lastimará el crecimiento económico, la productividad, competitividad y la equidad, por ser un gravamen “regresivo”.
Con la reforma de 2013, refirió el especialista, se logró disminuir los precios de los servicios de telecomunicaciones porque México era uno de los países más caros de la OCDE, eso facilitó el descenso de las tarifas; sin embargo, el mercado lleva alrededor de tres años con precios estancados, lo cual es negativo si se considera que en otros si continúa la disminución de costos, con la iniciativa hacendaria México va para atrás.
Los efectos nocivos se reflejarán en la viabilidad y operación de las empresas telecom; en el bienestar de los consumidores, porque por el mismo uso de voz y datos estarán pagando más; en la productividad y competitividad del sector productivo en general porque la conectividad se ha vuelto tan necesaria como el agua o la electricidad que utilizan para su operación.
También es un “empujón anticompetitivo” pues en 2019 el cobro de derechos por uso de espectro equivalió al 5.8 por ciento de los ingresos del segmento móvil, pero mientras el Agente Económico Preponderante (América Móvil) pagó el equivalente al 3.1 por ciento de sus ingresos móviles, a AT&T le costó 11.5 y a Telefónica el 14.7 por ciento.
En un contexto complicado de una pandemia que nadie sabe cuándo concluirá, con desempleo, menores ingresos entre los trabajadores, y un sector Telecom que normalmente presentaba un comportamiento contracíclico, pero que ahora ya también salió “lastimado”, cobrar más derechos, es darle la “puntilla y encarecer la conectividad futura del país”.
Hay en México sectores con un nivel elevado de informalidad que evaden y eluden el pago de impuestos además de rayar en lo ilegal; sin embargo, las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y las telecomunicaciones son de los que más contribuyen con abundantes recursos al proceso fiscal.
Resulta oportuno recordar el gravamen del 3.0 por ciento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), de un servicio elevado a derecho constitucional, como es la conectividad, y ¿aún así se le pretende elevar el costo de un insumo básico para su operación como es el espectro radioeléctrico?
C$T-EVP
