Surgen reglas cada vez más exigentes de calidad y cobertura.
La industria móvil «no puede ni debe ser» la única responsable de corregir y evitar las comunicaciones con fines delictivos; es el Estado quien debe velar por la seguridad de las personas y definir, en conjunto con las partes interesadas, como la industria, las mejores estrategias y más razonables alternativas para combatir llamadas de extorsión que se realizan en presidios de distintas naciones de América Latina.
«La seguridad es un tema que preocupa a todos los países de Latinoamérica… la industria móvil quiere y puede colaborar con las autoridades de las diferentes jurisdicciones para mejorar los índices de seguridad en los distintos países de la región… Sin embargo, en algunos casos, las mismas legislaciones parecieran colocar en una situación análoga a la de cómplices de delito a los operadores, al castigarlos con multas económicas o incluso penales en caso de que los bloqueos no sean ciento por ciento exitosos», señala un estudio reciente de 5G Americas.
La consultora indicó que en el documento «Bloqueo de Señales de Servicios Móviles en América Latina 2018», se explica por qué no existe una solución totalmente efectiva del bloqueo de comunicaciones en los penales, que no perjudique a usuarios móviles que se encuentren en las cercanías de las instalaciones carcelarias.
Pese a ello la industria móvil ha colaborado para instalar bloqueadores de señales de radiofrecuencias celulares en los presidios o de otro tipo de solución tecnológica para paliar la situación de las comunicaciones con fines delictivos.
Sin importar las diferencias de criterios entre las partes, el sector ha adoptado las medidas propuestas por las autoridades sobre la forma en que deben inhibirse las comunicaciones en las prisiones «en su apego a la ley».
No obstante otras normativas exigen a los operadores móviles cumplir con reglas cada vez más exigentes de calidad y cobertura de servicio, bajo pena de sanciones en caso de incumplirlas. Los operadores quedan, así, en una posición contradictoria y sin salida, producto de las normativas vigentes.
La industria móvil ha estado dispuesta a aportar sus puntos de vista cuando es convocada por las autoridades para avanzar en temas que le compete, pero es imprescindible que exista un trabajo colaborativo entre el Estado y el sector privado, para establecer reglas claras al respecto, así como definir las responsabilidades de cada uno de los actores al momento de preservar la seguridad pública.
El estudio de 5G Américas destaca que desde las autoridades estatales, muchas veces en colaboración con la industria, se han buscado soluciones para los actos delictivos de extorsión que se realizan desde las cárceles, sin embargo, no siempre se han logrado acuerdos sobre la forma en que se deben suspender las comunicaciones dentro de los centros de detención.
«Uno de los temas de conflicto es que las soluciones tecnológicas que existen para el bloqueo de señales de radiocomunicación dentro de un área alcanzan la efectividad, pero no resultan eficientes, porque el bloqueo de señal en una cárcel logra anular las comunicaciones, aunque también genera riesgos de afectar el acceso móvil a las poblaciones cercanas».
El white paper “Bloqueo de señales de servicios móviles en América Latina 2018”, precisa que existen divergencias legislativas a lo largo de la región sobre quiénes tienen la responsabilidad en el uso de los inhibidores, pues en algunas naciones ésta se atribuye al Estado, mientras que en otras recae en los operadores.
Además de explicar las diferencias que existen en la atribución de responsabilidades que hay en los países latinoamericanos, para habilitar los inhibidores de señales de telecomunicación en penales, el documento destaca como se contraponen las iniciativas de seguridad con las demandas del Estado a las metas de cobertura y calidad de servicios de los operadores móviles.
C$T-EVP
