La suplantación de identidad, engaños telefónicos, extorsión, pérdida de información, alteración o manipulación de medios de identificación electrónica y fuga de datos sensibles, son ciberdelitos que requieren mecanismos de prevención robustos como los que establece el Convenio de Budapest, en el cual México no es parte.
El especialista en derecho penal, Carlos Héctor Daza Zaragoza, hizo un llamado al Senado para que México se sume a este tratado crucial en la era digital pues el objetivo que persigue es promover la investigación y sanción de ilícitos cada vez más comunes en México y con graves impactos sociales y económicos.
“Sería sensacional tener un área en particular para la trazabilidad de todos estos ciberdelitos, tener mejores herramientas; esto es lo que facilita este convenio, del cual México no es parte, además de la cooperación internacional, eso, en conjunto, nos permitirá tener mejores instrumentos para hacer frente a este tipo de delitos, que ya son realidad y no son cuestión de películas, es un hecho real”.
Al participar en el “lll Congreso Jurídico Penal”, convocado por la senadora Martha Guerrero Sánchez, el especialista explicó que los “hackers” utilizan la tecnología para demostrar la vulneración de los sistemas informáticos.
Es así que en México los ciberdelitos con mayor frecuencia son la suplantación de identidad, engaños telefónicos, extorsión, pérdida de la información, alteración o manipulación de medios de identificación electrónica y fuga de información sensible.
La ciberseguridad es un tema en el que México debería estar más que preocupado, pues datos de diversas fuentes como Fortinet muestran que sólo en 2023, el país recibió 94 mil millones de intentos de ciberataques.
Si se compara la cifra con el año anterior (187 mil millones de intentos de ciberataques en el 2022), es bastante menor, pero eso no es necesariamente una buena noticia.
De hecho, es una tendencia global ya que se observa una menor cantidad de ataques masivos y un mayor volumen de explotaciones únicas y variantes nuevas de malware y ransomware que son mucho más dirigidos.
En resumen, hay menos cantidad de ataques, pero son diseñados para objetivos específicos, lo que los vuelve más sofisticados y con mayor posibilidad de éxito si las organizaciones no cuentan con defensas de ciberseguridad integradas, automatizadas y actualizadas.
Al inaugurar el encuentro, en el que se abordó el tema del combate a la criminalidad institucional en México “compliance”, José Alejandro Andrade Páez, director general del Corporativo Jurídico Andrade y Asociados, explicó las características de este conjunto de procedimientos y buenas prácticas.
El “compliance” es adoptado por aquellas organizaciones que buscan identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan, así como para establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos.
C$T-GM