En México se requiere promover políticas públicas en materia de identidad digital, ya que al derecho individual se debe sumar el derecho del Estado para solicitar, disponer y administrar información, más aún cuando se condiciona la entrega de datos biométricos a cambio del otorgamiento de beneficios o servicios sociales relacionados con la salud, educación y seguridad.
Victoria Albanesi, Eduardo Rico, Andrés Vázquez y Óscar Díez, al participar en el Foro de la AMITI: “Identidad Digital-Retos y Oportunidades en México y América Latina” añadieron que los marcos jurídicos en la mayoría de los países de la región Latinoamérica, resultan insuficientes y limitados para ofrecer protección, supervisión o control efectivo de las características biométricas.
“Se vuelve imprescindible el desarrollo de estudios fundamentados en evidencia sobre la pertinencia, impactos y riesgos en la adopción de tecnologías para la identificación digital”, aseguró Eduardo Rico, Consultor Técnico Senior Daon LATAM–México.
Se cree que, como sociedad digital, nos enfrentamos a un ajuste en temas de la privacidad y una crisis de confianza en materia de identidad digital, y ahora existen dos conceptos nuevos y relevantes: privacidad y soberanía de la información.
Andrés Vásquez, director de Nequi by Bancolombia, dijo que con mayor frecuencia se ve el uso de los datos biométricos en aspectos tan sencillos como desbloquear un teléfono o acceder a cuentas bancarias a través del reconocimiento facial, incluso realizar trámites administrativos con usando la huella, esto para una mayor autenticación y seguridad.
Es necesario que ante el creciente uso de nuevas tecnologías, se generen políticas o estrategias de gobierno para prevenir y atender la vulneración de la identidad de los usuarios en los servicios financieros.
Óscar Díez, CEO de Indra y Minsait México y Consejero de AMITI refirió que el manejo de los datos en el entorno virtual, crea un reflejo de la persona, a lo que se le conoce como identidad digital, siendo la piedra angular de la transformación digital de América Latina y el Caribe.
Vivimos, dijo, en una era marcada por el uso de las tecnologías, las cuales utilizan nuestros datos personales de manera cotidiana, más aún de datos biométricos como identificación para acceder a servicios o productos, mediante huellas dactilares, el iris de los ojos, la voz o el ADN.
Los expertos consideraron que el nivel de recopilación de datos por parte de las empresas de tecnología ha alcanzado un nuevo pico, ante lo cual los consumidores están perdiendo la fe en la capacidad de los proveedores de servicios para administrarlos con respeto, por lo que ahora exigen un mayor control de sus datos personales y de cómo se utilizan y comparten.
Pronosticaron que la industria de la seguridad informática aplicada a la identidad, específicamente, evolucionará para abordar esta demanda con nuevos marcos de identidad personal que brinden a los consumidores control sobre sus identidades y qué atributos compartir con los proveedores de servicios. Es decir, permitir que las personas elijan datos específicos y atributos de identidad para compartir con las aplicaciones, y dándoles la capacidad de validar su identidad sin revelar más de lo necesario.
Finalmente expusieron que el informe “El derecho a la privacidad en la era digital”, publicado a finales del 2018 por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, puso en la mesa la discusión en torno a la creación de bases de datos de información biométrica a gran escala, ya que ello genera múltiples preocupaciones en términos de derechos.
C$T-EVP
