El desabasto de componentes ha sido la principal afectación para la industria y negocios TIC en México desde el 2020, que de acuerdo con empresas líderes de semiconductores podría alargarse hasta 2023, con un impacto importante en la calidad de los servicios y estrategias del gobierno digital y del tema de la ciberseguridad en México.
Ricardo Zermeño, director General de la consultora Select, destacó que el equipo informático es indispensable para las actividades institucionales de la administración pública, por lo que las licitaciones deben considerar lo que pasa en el escenario mundial, evaluar el impacto de desabasto de manera continua y adecuar los contratos marco para flexibilizar tiempos de entrega.
“Que las licitaciones consideren los tiempos de entrega vigentes en la realidad, en un mundo que no se está volviendo más sencillo, en términos de la logística de las cadenas. Los eventos mundiales siguen rompiendo las cadenas de logística y por lo tanto la recomendación es flexibilizar los periodos para el ejercicio del presupuesto”.
Durante una presentación en línea, Zermeño González aseguró que la falta de renovación del parque instalado termina por afectar la calidad de los servicios, dado que la probabilidad de fallas es mayor.
“No tenemos un estimado específico, lo que sí reconocemos es que entorpece el avance de las estrategias de gobierno digital, que son clave para seguir ofreciéndole al ciudadano mejores servicios”.
El presupuesto TIC aprobado por el gobierno federal mexicano para el 2022, fue de 32 mil 334 millones de pesos, 16 por ciento de incremento respecto al año anterior; el plan es gastar 10 mil 406 millones de pesos en esa misma categoría; es decir, 32 por ciento, de acuerdo con el reporte Impacto del desabasto de equipo en la administración pública de Select.
De los 10 mil 406 millones de pesos, designará 4 mil 703 millones al arrendamiento de equipo, esto es alrededor del 45 por ciento; mil 784 millones a bienes informáticos, como servidores, monitores o procesadores; mil 744 millones en equipo de redes de telecomunicaciones; mil 629 para mantenimiento; 273 millones para arrendamiento de equipos de telecomunicaciones y 273 millones en refacciones.
El presupuesto en riesgo, expuso Arely Reyes Gaspar, analista de la consultora, son los 10 mil 406 millones de pesos, que representan el 25 por ciento de la venta anual de los proveedores de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC): Revendedor de Valor Agregado (VAR), integradores, distribuidores.
La no ejecución de recursos y retrasos en entregas, que de acuerdo al grado de especialización de componentes se va alargando, señaló, afectaría tanto a estas empresas como a dependencias de gobierno: CFE, IMSS, ISSSTE, SEP y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Alejandro Vargas, gerente de Análisis de Select, sostuvo que se está viviendo una situación inédita, compleja en la que el gobierno federal puede verse muy afectado ante la rigidez de sus contratos y procesos de licitación.
Incluso, consideró que ante la posibilidad de que los tiempos de entrega no empaten con los procesos de licitación hay dos escenarios, que ya han ocurrido: multas onerosas para los proveedores que entreguen tarde, o que decidan no participar y la licitación se declare desierta.
“Ese sin duda es uno de los problemas, entre otros que afectan el despliegue de las redes”, acotó Ricardo Zermeño.
A corto plazo, otra de las consecuencias que se tendrían está en el tema de la ciberseguridad, especialmente ante amenazas como el ransomware y otras que se vuelven cada día más sofisticadas y persiguen objetivos con infraestructura crítica.
“Entre los equipos que están con rezago por falta de abasto hay muchos componentes de seguridad o appliances, como un firewall, y no contar con este tipo de dispositivos muy avanzados significan problemas en temas de seguridad; hemos escuchado muchos ataques que han padecido agencias públicas federales por no contar con sistemas actualizados”.
C$T-GM