Permitir que la titularidad o parte de los derechos de autor y propiedad intelectual sobre las obras e invenciones derivadas de financiamiento público queden en manos de un ente como el que propone crear el dictamen de la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGHCTI), desalentaría el desarrollo de soluciones tecnológicas, generaría incertidumbre jurídica y podría impactar negativamente en la competitividad del sector.
“La propiedad intelectual es un activo valioso para los sectores industriales y es un elemento clave para fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico. Ambos son elementos con impacto transversal que no se limita a la promoción del crecimiento económico, sino que permean en la sociedad y expande de manera agregada el acceso a herramientas y conocimiento”, explicó la Canieti.
En un comunicado, los afiliados a la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), manifestaron su preocupación sobre el contenido en materia de propiedad intelectual y ausencia de mecanismos de vinculación intersectorial en torno al proyecto aprobado recientemente en la Cámara de Diputados.
Y es que, señalaron, las atribuciones del eventual Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología (CONAHCYT), para poseer la totalidad o parte de los derechos de autor y propiedad intelectual sobre las obras e invenciones derivadas de financiamiento público, desincentivaría la participación del sector privado en proyectos financiados con fondos públicos.
Además, dichas atribuciones desalentarían el desarrollo de soluciones tecnológicas asequibles para el sector público, generaría incertidumbre jurídica y podría impactar negativamente en la competitividad del sector, limitando en gran medida el potencial y alcance de estas tecnologías para el disfrute de la población en general.
“Desde la industria agrupada en Canieti, expresamos nuestra convicción en favor de la colaboración entre los diferentes sectores como el gobierno, academia y sector productivo, hacia la consolidación de un ecosistema nacional de ciencia y tecnología”.
En este espíritu, la cámara considera que sería mucho más conveniente que la ley partiera del principio de que la propiedad intelectual generada a través de un proyecto financiado por el gobierno debería ser propiedad de su desarrollador, a la vez que previera de forma complementaria acuerdos sobre derechos de acceso para el gobierno y, posiblemente, para terceros con el objetivo de facilitar una mayor transferencia de conocimientos.
Asimismo, el Estado debe tener la capacidad de considerar todas las alternativas tecnológicas disponibles para poder elegir entre ellas la que mejor se adecue a las circunstancias y necesidades específicas. Esto, bajo el principio internacional de neutralidad tecnológica. “Dicha disposición es clave para lograr el objetivo de independencia científica y tecnológica prevista en la Ley propuesta”.
“Los países que están realmente mejor posicionados en términos de independencia y soberanía respecto de otros, en todos los ámbitos (económico, educativo, político, militar, tecnológico, sanitario, etcétera), son precisamente aquellos que han asegurado y promovido el desarrollo y aprovechamiento de todas las alternativas científicas y tecnológicas disponibles, independientemente de su origen y en igualdad de circunstancias”.
Las empresas, independientemente de su origen constituyen el motor esencial de la economía mexicana, inversión, generación de empleos y origen de los recursos de la hacienda pública, y de hecho son parte importante del ecosistema de innovación.
Es así que la cámara expresó al Legislativo su disposición para participar y aportar su experiencia de manera abierta y amplia en el proceso de revisión de la iniciativa LGHCTI, en beneficio de México.
“La Canieti hace un llamado a los integrantes de las Comisiones de Ciencia y tecnología, y Educación del Senado de la República, a tomar en consideración las observaciones del ecosistema nacional y permita la creación de espacios para dar continuidad a la deliberación de los ejes temáticos pendientes en el marco del parlamento abierto relativo a esta iniciativa de ley”.
Por su parte, en un desplegado conjunto, la Academia de Ingeniería de México, la Academia Mexicana de Ciencias y la Academia Nacional de Medicina de México se dijeron sorprendidas porque “sin honrar su compromiso con el diálogo y la apertura hacia la comunidad académica”, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de la nueva Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.
“Esto ocurrió sin haber concluido los foros de parlamento abierto convocados por la misma cámara, y a pesar de que las academias y la comunidad científica han expresado múltiples preocupaciones en torno a ese proyecto de ley”.
En particular, señalaron, son preocupantes las restricciones que este proyecto pretende imponer a la libertad de investigación en el país, la cual es indispensable para que la ciencia y la tecnología sean palancas para el desarrollo social.
“Confiamos en que el Senado de la República, antes de someter la propuesta a votación, escuche los argumentos sustantivos del sector académico sobre las consecuencias negativas del proyecto de ley y rechace su contenido. México merece un marco legal en esta importante materia que garantice un mejor futuro a todas las personas”.
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