Colectivo Medios Libres presentó iniciativa ciudadana.
Para el periodo 2013 a 2017 se presupuestaron 27 mil millones de pesos para publicidad oficial a nivel federal; sin embargo, el gobierno en turno terminó gastando más de 50 mil 800 millones de pesos, lo que da cuenta de la forma descontrolada en la que se ejerce este tipo de recursos y de la falta de claridad en las reglas de asignación, además de convertir este gasto en una herramienta censura sutil, aseguró Justine Dupuy, coordinadora de Fundar Centro de Análisis e Investigación.
Al presentar la iniciativa ciudadana de publicidad oficial que el colectivo Medios Libres pondrá a consideración del Congreso de la Unión, la especialista dijo que ante la propuesta del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador de bajar el gasto en medios de comunicación por parte del gobierno, se abre una importante oportunidad para establecer reglas y criterios claros que acaben con la «muy viciada relación gobierno-medios».
«La nueva propuesta del presidente electo de bajar la publicidad oficial, vemos que está bien que se limite; sin embargo, si no contamos con reglas claras no se va a cambiar esta relación muy viciada que existe entre medios y gobiernos. Ante las ganas del nuevo gobierno de cambiar las cosas, vimos la oportunidad de que esta vez sí podamos abrir el debate».
La iniciativa, refirió, integra puntos clave que no fueron considerados en la denominada «Ley Chayote» publicada en abril pasado como la definición de criterios claros para la asignación entre los que se encuentra la idoneidad del medio empleado para llegar a la población objetivo y la equidad en la asignación de la pauta entre los medios de comunicación y otras formas de difusión e información similares.
La propuesta del colectivo Medios Libres, conformado por más de 80 periodistas, organizaciones e investigadores, considera también la necesidad de que exista transparencia de la información relativa a la asignación de la pauta publicitaria y la efectividad en relación con el nivel de penetración cuantitativa en la población objetivo.
«Además de estos criterios, hay dos puntos clave que tiene la propuesta ciudadana hecha por Medios Libres, y es que desaparezca por completo la posibilidad de hacer promoción personalizada en el marco de la publicidad oficial. Esta práctica que existe al momento de presentar los informes de labores».
El documento, que ya fue presentado a Jesús Ramírez, futuro coordinador de Comunicación Social del nuevo gobierno federal, propone también la creación de un fondo para la promoción de la pluralidad de los medios, que impulse la capacitación y profesionalización de periodistas.
«Otro punto clave de esta iniciativa es que en México es muy difícil contar con datos ciertos sobre las audiencias y el rating, porque muchas veces las empresas que hacen estos números son contratadas por los mismos medios y no hacen públicas estas cifras, además que hay varias cifras».
Por ello, refirió Dupuy, se propone que el INEGI lleve a cabo una encuesta nacional para determinar el impacto de los medios, su rating y su audiencia, lo cual es clave para crear los contrapesos necesarios para evitar la censura sutil que se genera cuando el gobierno tiene capacidad de influir en las líneas editoriales de los medios de comunicación; además, se busca la participación del INAI para transparentar el gasto y el padrón de medios que eventualmente se crearía.
«En cuanto a los actores políticos con quienes hemos hablado, se encuentra el futuro coordinador de comunicación social, y hemos mandado la iniciativa a todos los grupos parlamentarios, y en los próximos días vamos a hablar con Morena y con el PAN, esperemos que se pronuncien sobre el tema y arropen esta propuesta para abrir el debate».
Por su parte, Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19 México recordó que esta iniciativa se presenta luego de que en abril de 2018, el Congreso de la Unión decidiera aprobar la denominada «Ley Chayote» que no garantiza estándares mínimos de libertad de expresión, ni el derecho a la información que tienen las audiencias.
«La llamada Ley Chayote es una legislación que regula y legaliza las malas prácticas, es decir, esta ley promueve que el uso del dinero público sea ejercido para coptar las líneas editoriales de los medios de comunicación, para promocionar a funcionarios públicos y políticos, y para sesgar la información que recibimos todas y todos».
En su participación, Irene Levy, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, enfatizó que la arbitrariedad y la opacidad en el gasto público es un caldo de cultivo para la corrupción, además de que va en contra de los principios de honradez, legalidad y transparencia que señala el artículo 134 constitucional referente a la asignación del gasto público.
«La asignación de manera arbitraria y opaca para coartar la libertad de expresión, para comprar líneas editoriales, potencializa el problema de la corrupción de una manera muy grave. Nos preocupa mucho el hecho de llevar años enteros en ausencia de una legislación».
C$T-GM
