Evitar que adopten políticas informativas oficialistas.
Profundizar el abandono de los medios públicos por parte del gobierno federal llevaría en poco tiempo a su «insolvencia e insostenibilidad económicas y comprometer la viabilidad financiera» así como poner en riesgo la continuidad del servicio público de radiodifusión, la garantía de los derechos a la información, la libertad de expresión y los derechos de las audiencias, advirtió la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).
«Actualmente, las instalaciones de los medios públicos se encuentran en estado deplorable, la infraestructura carece de mantenimiento y no ha sido modernizada, mientras que los equipos de transmisión y el parque tecnológico sufren de obsolescencia», aseguró la asociación a través de un comunicado.
Bajo este escenario, la Amedi hizo un llamado a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Pública de la Cámara de Diputados, así como a la Secretaría de Hacienda y demás dependencias competentes para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, apoyen el fortalecimiento de los medios públicos federales a través de partidas presupuestales suficientes para el mejor cumplimiento de su operación y tareas de comunicación.
El Instituto Mexicano de la Radio (Imer), Radio Educación, Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal Once, Canal 22, la Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE) y la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex), requieren «necesariamente» de presupuestos que les permita mejorar su operación, como parte de una política pública de comunicación integral.
Los citados medios requieren recursos adecuados para aprobar y ejecutar proyectos de modernización de infraestructura, actualización tecnológica y adopción de nuevas tecnologías digitales, alfabetización mediática, conformación de laboratorios de experimentación de contenidos y nuevos formatos que respondan a las necesidades y cambiantes exigencias de las audiencias, además de las necesidades crecientes que implica sus transmisiones cotidianas.
«Los medios públicos deben ser un contrapeso de la programación que ofrecen los medios electrónicos comerciales. Contribuyen al derecho a la información, la libertad de expresión, la pluralidad de contenidos, la diversidad de expresiones y la multiculturalidad. Tienen un compromiso constitucional con la calidad de los contenidos, la veracidad informativa y la promoción de los derechos fundamentales, cada vez más comprometidos», sostuvo la AMEDI.
La asociación detalló que la exigencia de más recursos para los medios públicos, está acompañada de un llamado de atención para que esos medios trasciendan su función de voceros del gobierno y no adopten políticas informativas oficialistas o propagandistas. La lucha por la democratización de los medios obliga a avanzar hacia medios del Estado, independientes, plurales e incluyentes con una auténtica vocación de servicio público y no una visión gubernamental.
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