Ante la creciente violencia en línea, es apremiante elaborar un análisis sobre sus impactos que sea abordada desde una visión integral que permita atender sus causas y consecuencias, no mediante un enfoque punitivista con acciones aisladas y esporádicas, alertó el informe “Ciberviolencia y Ciberacoso contra las mujeres y niñas”.
El documento elaborado en el marco de la Convención Belém Do Pará, destacó que persiste una falta de reconocimiento sobre la seriedad de los daños que provoca la ciberviolencia de género a niñas y mujeres, la cual constituye una violación a múltiples derechos humanos, al afectar su plena y efectiva participación en asuntos económicos, sociales, culturales y políticos.
“Si bien hay avances en la adopción de leyes penales que castigan la distribución no consensuada de material íntimo en su gran mayoría, los Estados aún no han incorporado en sus marcos legales un reconocimiento integral de la violencia facilitada por las nuevas tecnologías como una forma de violencia de género en contra de las mujeres”.
En América Latina, existe una falta generalizada de registros estadísticos y estudios oficiales sobre este fenómeno que permitan conocer el porcentaje real de víctimas y la prevalencia de los daños que provoca, lo que hace aún muy difícil rastrear la evolución, escala, tendencias y los impactos de este fenómeno en la vida de las mujeres.
Sin embargo, reconoció que con la información disponible se puede confirmar que las mujeres y las niñas están siendo desproporcionadamente víctimas de ciertas formas de ciberviolencia en comparación con los hombres.
El reporte realizado en alianza entre la Organización de los Estados Americanos (OEA), por el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará (MESECVI) y ONU Mujeres, en el marco de la Iniciativa Spotlight en América Latina, subrayó el papel de las empresas intermediarias de internet y de los Estados.
“Las plataformas son el nuevo escenario para la construcción de la identidad de las personas y, por tanto, hasta ellas ha migrado la violencia que busca mantener el orden tradicional de género en el que las mujeres se encuentran en una posición subordinada frente a los hombres”.
El 66 por ciento de los incidentes de violencia ocurrieron en una red social, 22 por ciento en la sección de comentarios de un sitio web, 16 por ciento en juegos en línea, 16 por ciento a través de una cuenta de correo electrónico, 10 por ciento en plataformas de contenido generado por personas usuarias, refirió un informe del Pew Research Center del 2017.
Además, las víctimas de ciberviolencia de género en línea prefieren realizar el reporte ante las plataformas de internet antes de acudir a las autoridades, por lo que en ese sentido, los Estados deben desarrollar políticas para que las empresas intermediarias tomen medidas preventivas y acciones oportunas contra la transmisión de contenidos violentos, en consulta con las organizaciones defensoras de derechos humanos de las mujeres y las niñas.
Otra de las recomendaciones y como parte de las obligaciones de los Estados, es diseñar e implementar acciones integrales como parte de las políticas nacionales contra la violencia de género, así como establecer servicios especializados gratuitos de atención a víctimas, es decir, integrar esquemas de prevención, investigación, sanción y reparación.
Asimismo, adoptar protocolos de actuación especializados y claros para el funcionariado encargado de atender, investigar y sancionar casos de violencia de género en línea; garantizar que las víctimas de violencia doméstica y de pareja facilitada por las nuevas tecnologías puedan solicitar órdenes de protección inmediatas y efectivas, que puedan adoptarse sin necesidad de iniciar procedimientos civiles o penales.
A las empresas intermediarias, recomendó revisar sus políticas de servicio y operación desde una perspectiva de género y con un enfoque interseccional y atento a las experiencias de las mujeres de la región, así como proveer criterios claros para la atención de los casos.
De igual manera, crear mecanismos de reporte y para la solicitud de eliminación de contenidos perjudiciales que sean sencillos, accesibles, visibles, transparentes y que eviten el uso de tecnicismos; además de colaborar con las víctimas y autoridades judiciales asegurando la entrega de información relevante para la investigación y sanción de casos de violencia de género en línea.
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