Dependencias federales incumplen con artículo 89 de la LFTR.
Legisladores presentaron un exhorto al Congreso de la Unión para que en una actitud de congruencia y en apoyo a los grupos socialmente marginados, instruyan a sus respectivas áreas de comunicación social, asignar el 1.0 por ciento de su presupuesto publicitario a concesionarios de radio comunitarias e indígenas, tal como lo establece el artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR).
En el exhorto señalan que las concesiones de uso social no persiguen fines de lucro; la prestación del servicio público de radiodifusión permite que comunidades alejadas y grupos socialmente marginados tengan acceso a la información, generen redes de comunicación y fomenten la participación social.
Por ello, subrayan los legisladores, es imperativo que tanto las instituciones del gobierno federal como las cámaras que integran el Congreso de la Unión, cumplan con la obligación de destinar el presupuesto que corresponde a los medios comunitarios.
Gabriel Cuanalo Santos y Virgilio Dante Caballero, integrantes de la la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados, expusieron que es injustificable que no obstante que las dependencias federales y el propio Congreso de la Unión cuentan con el presupuesto suficiente para gastos de comunicación social, no lo asignen a las concesionarias de uso social o comunitario para que puedan desarrollar su labor en condiciones igualitarias.
Recordaron que el pasado 7 de junio el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), dio a conocer que por primera vez desde la entrada en vigor de la LFTR asignó una parte de su presupuesto de comunicación a los 15 concesionarios de uso social que cumplieron con los requisitos establecidos para recibir publicidad.
Es el primer organismo que cumple con esa disposición, aun y cuando esas emisoras son el principal vínculo con las comunidades apartadas que requieren información valiosa para mejorar sus condiciones de vida”, coincidieron en señalar los diputados.
René Cervera García, también miembro de la comisión legislativa, afirmó que ante la nula disposición de las dependencias federales por cumplir con esa obligación, se tendrá que modificar el artículo 8 fracción ll de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que establece la obligatoriedad de ejecutar el presupuesto conforme a las áreas establecidas, sin haber previsto sanciones, por omisión o incumplimiento.
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