Las tecnologías pueden transformar positivamente a las sociedades, pero para que eso suceda se requieren marcos normativos con capacidad de combinar visión global con la diversidad que prevalece en el ámbito nacional y local, que tengan vigencia adecuada para evitar que sean superados por los vertiginosos cambios tecnológicos, además que autoridades y reguladores consideren que no todo debe ser objeto de regulación.
“Se necesitan políticas públicas flexibles para adaptarse a las demandas sociales y que puedan resolver problemas como la conectividad y las brechas, así como los efectos adversos que prevalecen en materia de privacidad”, destacó Marina San Martín, Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
Al participar en el foro MX5G, organizado por DPL Group, detalló que superar las brechas existentes también exige la vigencia de incentivos fiscales para empresas que impulsen desarrollos tecnológicos y de innovación, pues de acuerdo con la CEPAL, en 2020 de 27 países de América Latina y el Caribe, sólo seis tenían una agenda digital vigente, mientras que 11, entre ellos México, requerían una reforma en esta materia.
“Para construir una Agenda Digital Nacional que sea incluyente y promotora del desarrollo se necesita de la participación de muchos actores, autoridades, la protección de datos personales, industria, sociedad civil, academia y toda voz que esté involucrada en los distintos niveles de gobierno nacional, local e internacional”.
Se requiere también una participación multidisciplinaria, es decir, vincular tanto a las telecomunicaciones, la informática, como la competencia, privacidad, acceso a la información, seguridad, propiedad intelectual, consumidores, derechos humanos por citar algunos.
Recordó la obligación de México de observar compromisos internacionales como los establecidos en el T-MEC, con visibles obligaciones en materia digital “que no se pueden borrar, pero que al país tampoco le conviene quitar, al estar vinculados con el desarrollo del comercio digital, cuidado de datos personales, tratamiento de datos en forma transparente, y manejo de datos bajo principios éticos, algo de suma importancia.
“Por su mejor lado, la revolución digital nos empodera, conecta, informa, salva nuestras vidas, pero por su peor faceta nos puede hacer perder autonomía, desconectar, desinformar y hasta costarnos vidas, por eso los Derechos Humanos son los que deben marcar la diferencia en la ecuación, de si las tecnologías sean un beneficio para las personas y mejorar nuestra calidad de vida”, dicho esto por Michel Bachelet, destacó.
La funcionaria indicó que como sociedad hay una aspiración legítima de vivir en condiciones de igualdad, de democracia, bajo un ambiente abierto e incluyente, conectado, donde impere el desarrollo no solo a nivel macro, sino también que se dé en forma individual, pero para ello es necesario tener en cuenta varios factores.
En 2019 la OCDE posicionó a México como el tercer estado de sus naciones miembro, donde se registraban las mayores condiciones de desigualdad en materia de ingresos, algo que confirmó también el World Inequality Lab, que reportó que 79 por ciento de la riqueza del país, se concentraba solo en el 10 por ciento de la población, cifras que muestran que la brecha existente es “muy profunda” y urgente de acotar.
Es oportuno ver a las tecnologías digitales como un factor que impulsen las oportunidades de desarrollo de la población en lo individual, que facilitan el acceso a bienes y servicios, que pueden potenciar la educación, la justicia y la salud, sin perder de vista su potencial como habilitadoras de otros derechos, como el acceso a la información y el derecho de las personas al saber.
Todo este beneficio será posible alcanzar, si las personas cuentan con conectividad, habilidades y competencias digitales para utilizar y usufructuar los alcances que hoy ofrecen las nuevas tecnologías, por lo que se debe considerar que la ausencia de infraestructura y la falta de habilidades entre la población, dificulta su participación e integración al mundo digital.
Son las mujeres y las personas con algún tipo de discapacidad, los adultos mayores, así como las comunidades indígenas y rurales, y quienes viven en condición de pobreza los grupos más vulnerables y los que menos oportunidades de acceso a la tecnología presentan.
La diversidad de la población en México es importante al momento de diseñar políticas de inclusión digital, pues de los más de 126 millones de habitantes en el país, 51.2 por ciento, son mujeres, 19 por ciento se auto-identifica como indígena, 12 por ciento, son adultos mayores y dentro de este grupo, 5.0 por ciento, tiene algún tipo de discapacidad.
En México, casi 76 por ciento de la población de seis años y más son usuarios de internet, pero 24 por ciento, sigue estando desconectada, y en el caso de las personas de 55 años y más, aunque 42 por ciento tiene este servicio, son los usuarios que menos utilizan la red.
La OMS desde 2011, dijo que las personas que tienen algún tipo de discapacidad son los grupos que menos se benefician de la tecnología, mientras que el Banco Mundial ha señalado que la participación de las mujeres en puestos de liderazgo en las industrias es de solo 24 por ciento.
También se ha señalado cómo las diferencias persisten entre las ciudades y el campo, pues mientras más del 80 por ciento de la población en zonas urbanas si usa internet, en las regiones rurales sólo lo hacen el 56 por ciento.
En opinión de la funcionaria es imprescindible al establecer políticas públicas de inclusión digital, tomar en cuenta toda la diversidad vigente en el país, así como los fuertes rezagos que prevalecen, pues la falta de conectividad y de habilidades digitales entre la población ahora han profundizado su exclusión.
C$T-EVP