Con casi cinco años transcurridos en el actual periodo de gobierno, “tristemente es un sexenio perdido en materia de política de inclusión digital universal; ya lo podemos catalogar así”, consideró Michel Hernández, director de Observatel, quien recordó que a pesar de que existen algunos programas aislados, no se observa una estrategia nacional articulada, coherente y transversal, que apunte a cumplir con ese mandato constitucional.
En entrevista con ConsumoTIC, Michel Hernández recordó que el artículo sexto constitucional, en su apartado B, fracción I, establece que el Estado debe contar con una política de inclusión digital universal para integrar a la población a la sociedad de la información y el conocimiento.
Por otra parte, el artículo 14 Transitorio de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones del 2013, también ofrece una serie de elementos, como el establecimiento de metas anuales y sexenales que hoy no existen, tal como reconoció el Juez Segundo de Distrito en materia Administrativa, especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro, al momento de responder la solicitud de amparo presentada por Observatel, precisamente para exigir dicho cumplimiento.
Aunque el amparo fue negado en primera instancia por dicho impartidor de justicia y hoy se encuentra recurrido ante un tribunal especializado en materia de telecomunicaciones, es claro que el juez reconoció que las metas anuales y sexenales no existen y tan es así, que hoy tendríamos que contar con elementos para identificar qué se pretende lograr este año y el próximo en materia de inclusión digital universal.
El director del Observatorio Mexicano de las Telecomunicaciones (Observatel), señaló que, lamentablemente desde que se inició este sexenio, no se pueden identificar las metas de lo que se pretendía lograr en los años 2019, 2020, 2021, 2022 y tampoco las hay para 2023 o 2024. Esto es, en todo el sexenio no se presentaron las metas anuales, ni la sexenal, de manera que no se está cumpliendo la Constitución en ese sentido.
Si bien es cierto que el gobierno federal publicó una Estrategia Digital Nacional, ésta no es la política de inclusión digital universal para integrar a la población a la sociedad de información y el conocimiento que mandata el artículo sexto constitucional.
Asimismo, la propia Constitución señala que el Estado debe establecer políticas en “materia de infraestructura, accesibilidad y conectividad, tecnologías de la información y habilidades digitales, así como programas de fomento a la inversión pública y privada en aplicaciones de telesalud, telemedicina, expediente clínico electrónico, desarrollo de aplicaciones sistemas y contenidos digitales, entre otros aspectos”.
Sin embargo, tales políticas y especialmente los programas de fomento a la inversión a las que se hace alusión en el texto de la Carta Magna, no existen, y por lo tanto no es posible suponer de manera lógica, que pudieran impulsarse durante el último año del sexenio.
Sin embargo, eso no quiere decir que no podamos seguir exigiendo que se cumpla la constitución, porque no importa el presidente que venga. Es un mandato constitucional y en tanto se mantenga en la Constitución, venga quien venga a encabezar el Poder Ejecutivo en el próximo sexenio, tiene que acatarlo.
En este momento, el texto constitucional no se está cumpliendo y “por lo menos desde Observatel, seguiremos insistiendo en que se debe de hacer, con independencia de los movimientos que vengan. Si no se cumplen en el siguiente año, quien venga tendrá que cumplirlo, porque yo espero que ya haya una sentencia” favorable a la solicitud de amparo que actualmente revisa un tribunal especializado en materia de telecomunicaciones, luego de que el juez Gómez Fierro negó el amparo.
“Desafortunadamente ahorita ya se desperdiciaron cinco años. Se han hecho algunos programas aislados, pero su impacto es reducido, porque no hay una política transversal”, tal como señala la ley y como sería deseable para lograr una verdadera inclusión digital que abarque a todos los sectores de la población y verdaderamente reduzca las brechas que existen.
Superar este rezago es importante porque además, se debe tomar en cuenta que existen varias brechas: la de conectividad (que se divide a su vez en los ámbitos urbano y rural); la de habilidades digitales; la de género, la generacional y otras más, que no se resolverán mientras no se cumpla con lo que mandata la Constitución y el Estado establezca la política nacional a la que se hace referencia.
C$T-EVP
