En los últimos tres años, el IFT ha llevado a cabo 207 acciones contra este tipo de estaciones
La instalación de una estación de radio sin la autorización correspondiente, no sólo opera en la ilegalidad, sino que representa un riesgo latente para la población, pues sus señales podrían interferir en las comunicaciones aéreas y de los servicios de emergencia.
En algunos casos, la actividad de las denominadas estaciones “pirata”, suele estar relacionada con la transmisión de contenidos de corte religioso, esotérico, comercialización de productos, narcotráfico, y en época electoral, usadas para incidir en los procesos.
Garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información son temas reconocidos por las propias autoridades; sin embargo, la presencia del crimen organizado y del narcotráfico en algunas entidades del país obliga a mantener una estricta regulación del espectro radioeléctrico.
Si bien el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) realiza un constante monitoreo para identificar la presencia de estas emisoras, es una tarea difícil pues las antenas y equipos que utilizan quienes las operan, son hechos de manera casera o de mínimo costo (alrededor de cinco mil pesos), lo cual incrementa su propagación.
Cuando las antenas ilegales se instalan en zonas planas y alcanzan una altura suficiente, la señal es capaz de “encimarse” y de interferir en las transmisiones de estaciones de radio que sí cuentan con un título de concesión otorgado por el IFT.
En los últimos tres años, este órgano regulador, en coordinación con distintas instancias, ha llevado a cabo 207 acciones contra de estaciones ilegales que operaban sin la concesión o permiso correspondiente, en diversas entidades federativas del país.
En México, existen diferentes tipos de estaciones de radio, uno de ellos es el comercial y son operadas por empresas o personas que pueden vender publicidad durante las transmisiones.
Se tiene también las públicas, las cuales son manejadas por el gobierno –federal, estatal o municipal-, no tienen fines comerciales y dependen de un presupuesto asignado; asimismo, existen otras de carácter social comunitario o indígena que son operadoras por organizaciones de la sociedad civil o por miembros de pueblos indígenas.
Cuando organizaciones de la sociedad civil o miembros de pueblos indígenas tienen interés en operar una estación de radio, sólo es necesario presentar una solicitud ante el IFT y la autorización tarda en aprobarse 90 días hábiles.
Para facilitar esta tarea, el instituto realizará en Michoacán el 13 y 14 de abril un programa piloto, que podría replicarse en otras entidades del país, el cual brindará asistencia técnica para los interesados en obtener una concesión de este tipo.
Las comunidades que han manifestado su interés por obtener información en la materia son: Angamacutiro, Cuitzeo, Churumuco, Indaparapeo, Morelia, Pátzcuaro, Tinguindín, Tomatlán, Voces de Peribán, Zamora, Carapan, Jarácuaro, San Ángel T. Zicuicho, Aguililla, Ario de Rosales, Tacámbaro, Tancítaro y Ocumicho.
El objetivo es incentivar la regularización de las estaciones que por desconocimiento operan sin concesión, pues en el espectro radioeléctrico existe un espacio reservado, tanto en Frecuencia Modulada (FM) como en Amplitud Modulada (AM) para las emisoras comunitarias e indígenas.
C$C-GM
