Evidente desarticulación institucional.
Tras años de rezago en la determinación de acciones y estrategias para lograr la digitalización y el incumplimiento de la obligación constitucional de emitir una Política de Inclusión Digital Universal (PIDU) por parte del actual Ejecutivo federal, México es hoy uno de los pocos países a nivel mundial que carece de una política digital vigente.
Este escenario representa una grave situación para México, si se considera que cada día que se retrasa su publicación, en el país aumenta la brecha digital, se genera incertidumbre y un entorno cada vez menos favorable para mitigar riesgos asociados a la transformación digital, así como para aprovechar sus beneficios.
“El Ejecutivo Federal ha incumplido su obligación constitucional de emitir una PIDU a dos años de asumir el gobierno, es evidente que no se trata de un área prioritaria para la actual administración. Esta situación ha facilitado la toma de decisiones que son contrarias a los objetivos de digitalización nacional establecidos en el artículo 6 de la Constitución Federal y al derecho humano de acceso a las TIC”, subraya Michel R. Hernández Tafoya, Abogado y especialista en Telecomunicaciones.
En su estudio “En busca de la política digital en México. 2021”, indica que al analizar el estatus de la PIDU, se advierte que las instancias del Ejecutivo a cargo de la elaboración de esta política, sólo han confirmado estrategias aisladas como el Marco de Habilidades Digitales, Programa de Conectividad en Sitios Públicos, Programa de Cobertura Social y el Programa de Datos Abiertos (creado durante la administración 2013-2018).
Ello, refleja la falta de una visión estratégica, pues no existe una política macro de la que se deriven esas estrategias y a la que se puedan añadir otras; de hecho la última de ellas se encuentra anclada todavía al Plan Nacional de Desarrollo y a la Estrategia Digital Nacional (EDN) de la administración anterior.
Desde la perspectiva de Hernández Tafoya, la falta de metas anuales y sexenales asociadas a una política de inclusión digital, y particularmente de objetivos y metas en materia de infraestructura, accesibilidad, conectividad, Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), y habilidades digitales que mandata la Constitución, impide en la actualidad evaluar los avances en esta materia.
El estudio refiere que debido a que la coordinación de la política de inclusión digital universal ya no se encuentra en el ámbito de atribuciones de la Oficina de la Presidencia de la República, como sucedió durante la pasada administración, la elaboración e implementación corresponden ahora primordialmente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a través de la Subsecretaría de Transporte.
En este contexto, señala, es posible afirmar que existe desconocimiento de esa Secretaría sobre los roles de los involucrados en la elaboración de la PIDU. “La institución del Estado que conforme al marco jurídico actual debiera tener el liderazgo en la materia, ha generado respuestas preocupantes a las Solicitudes de Acceso a la Información (“SAI”)” realizadas para conocer el estatus de la política digital”
“Primero al señalar que se encuentra en construcción ya que consta de varios elementos, sin describir esos elementos u ofrecer información adicional para localizarlos, pero también al atribuirle la generación de elementos de política pública a una empresa subsidiaria de CFE, CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, un proveedor de servicios de telecomunicaciones y, por tal motivo, inapropiado para que al mismo tiempo desarrolle política en esta materia”.
El especialista asegura que la desarticulación institucional que reflejan las respuestas de la SCT, de la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional (EDN) y de CFE Telecomunicaciones, es un síntoma del abandono de la política digital por parte de la actual administración.
En cuanto al rol del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en materia de contribución a la PIDU, Hernández Tafoya sostiene que este órgano regulador ha sido proactivo aunque limitado ante la falta de la política que debe elaborar el Ejecutivo; “ha sido una de las pocas autoridades que ha advertido sobre decisiones que podrían impactar negativamente a la transformación digital del país”.
Por su parte, el Poder Legislativo, que podría asumir un rol más proactivo para generar el marco jurídico habilitador para la transformación digital, se ha limitado a aprobar leyes o reformas a ordenamientos legales que van en detrimento de la digitalización, y ha permanecido ausente en las discusiones sobre la manera en la que se pueden generar marcos jurídicos apropiados para favorecer la transformación digital en diversos sectores socioeconómicos.
“Tomando en cuenta las conclusiones anteriores, es posible afirmar que el panorama para la transformación digital en México es adverso, en un contexto en el que una política de Estado de esta naturaleza se vuelve fundamental para avanzar en la recuperación económica posterior a la pandemia derivada del COVID-19”.
En ese sentido, Hernández Tafoya considera indispensable que el Ejecutivo publique, a más tardar durante el primer trimestre de 2021 la PIDU ordenada por la Constitución, con un enfoque de gobernanza que considere estrategias de recuperación económica frente a los efectos de la pandemia, que establezca objetivos y metas claras al menos en materia de infraestructura, accesibilidad, conectividad TIC, habilidades digitales, y defina a los responsables de su cumplimiento.
C$T-GM
