Inclusión digital, asignatura pendiente.
Ante la amplia brecha digital que persiste en el país, es fundamental que en la próxima licitación de la banda de 2.5 GHz, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) imponga obligaciones de cobertura, despliegue y calidad de redes a todos los operadores que ya posean u obtengan bloques en esa frecuencia.
Lo anterior no es inusual, porque en los países de América Latina donde se ha licitado la banda de 2.5 GHz, ha estado acompañada de obligaciones de cobertura y velocidades de subida y bajada de información”, señaló la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).
El grupo presidido por Jorge Fernando Negrete detalló que si el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no impone este tipo de obligaciones sólo estaría favoreciendo el negocio de los operadores por encima de la inclusión digital.
Es deseable que las mencionadas obligaciones se impongan a los diversos operadores -según su tamaño- en distintas licitaciones, para que México esté a la vanguardia internacional en ese sentido y para que, unido a ello y con aportaciones económicas y junto con una partida del presupuesto público, se conforme un Fondo de Servicio Universal que ayude a que la inclusión digital sea mejor y más efectiva».
Para la AMEDI, el derecho a la conectividad aún no ha sido cumplido para un importante segmento de los mexicanos, lo cual fue evidenciado ante acontecimientos recientes como los terremotos en varios estados del país que carecen de infraestructura y de cobertura de servicios de telecomunicaciones.
La organización refiere que pese a la reforma constitucional de 2013, la ley secundaria de 2014 y el amplio catálogo de medidas regulatorias asimétricas, la penetración de telefonía móvil sólo ha crecido 3.0 por ciento en cuatro años, al pasar de 87 por ciento en abril de 2013 a 90 por ciento en el mismo mes de 2017.
Señala que la penetración de telefonía móvil en México es una de las tres más bajas de América Latina, sólo por arriba de Cuba, Haití y Ecuador, lo cual es consecuencia de la ausencia de políticas públicas que fomenten el acceso universal a las tecnologías y servicios de telecomunicaciones con mejor calidad y velocidad.
Ni la Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República, ni la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ni el Instituto Federal de Telecomunicaciones, tampoco los operadores móviles, han hecho los esfuerzos suficientes para conectar a todos los mexicanos, pues se han enfocado en generar competencia sin cobertura”.
La nueva generación de políticas públicas en países desarrollados está enfocada en incrementar la velocidad de las conexiones y en que los reguladores verifiquen los compromisos de los operadores con las velocidades de descarga que prometen.
La cobertura y la inclusión digital plena serán asignaturas pendientes del sexenio del presidente Peña Nieto, y habrá fallado en garantizar que las telecomunicaciones sean un servicio público de interés general que se preste, precisamente, en condiciones de cobertura universal, tal y como reza el artículo sexto de la Carta Magna”.
C$T-GM
