Nuevo contexto digital impone fuertes desafíos.
Ante la llegada de los nuevos poderes Ejecutivo y Legislativo, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) consideró necesario fortalecer la autonomía y facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como órgano regulador en los sectores de las telecomunicaciones y la radiodifusión en el país.
En un documento dirigido al Congreso de la Unión y al próximo gobierno federal, la asociación dijo que si bien el IFT es un organismo con autonomía constitucional, la composición de su Pleno depende del Poder Ejecutivo al tener éste la facultad de escoger a sus integrantes para ser ratificados por la Cámara de Senadores.
Entre 2019 y 2022, la nueva gestión federal tendrá que proponer a cuatro nuevos integrantes del órgano regulador para reemplazar a los que saldrán de manera escalonada, con lo cual podrá cambiar de manera importante la composición del Pleno.
En ese sentido, la nueva agenda deberá tener como objetivo prioritario garantizar la autonomía del órgano regulador a partir de la integración de perfiles idóneos y de que haya voluntad política para que el IFT cumpla con las atribuciones que tiene establecidas en la Constitución y en la legislación.
La Amedi consideró que la aplicación de un examen altamente técnico como el que hasta ahora ha efectuado el Comité de Evaluación a quienes aspiran integrarse al organismo, tiene áreas de oportunidad para garantizar la llegada de perfiles, que además de enfrentar la alta complejidad del sector, comprendan el ejercicio y la tutela de derechos humanos fundamentales y su relación con los servicios públicos que se deben regular.
Además, consideró prioritario que se reviertan los efectos de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión del 31 de octubre de 2017 que acota y deja en manos de los propios concesionarios la garantía de los derechos de las audiencias.
La asociación refirió que a la fecha existe una acción de inconstitucionalidad promovida por el Senado de la República y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no ha resuelto.
En opinión de los integrantes de la Amedi, la Secretaría de Gobernación no debería tener más injerencia en la regulación de los contenidos de medios de comunicación, pues tal como lo establecen los estándares internacionales de protección a la libertad de expresión, la regulación de los medios debe darse por autoridades autónomas del poder político o económico para evitar injerencias indebidas en el ejercicio de ese derecho fundamental.
En el ámbito general, la asociación señaló los desafíos que México enfrenta en un entorno cada vez más dinámico y convergente con tendencias tecnológicas como el Internet de las Cosas (IoT), la Inteligencia Artificial y los bienes digitales, se requieren respuestas regulatorias y de política pública idóneas para poder garantizar la protección de derechos fundamentales.
Para dinamizar el desarrollo, la economía, el pluralismo y los derechos informativos de la población, también hay que revisar los mercados digitales con servicios de libre transmisión, conocidos como Over The Top (OTT) y lo que implica la convergencia digital que ya tiene consecuencias sobre las industrias audiovisuales y cinematográficas en el país.
Fusiones como la de AT&T y Time Warner que están creando mega empresas que combinan el audiovisual con la infraestructura de servicios, tendrán un impacto en las industrias nacionales, por lo que el nuevo gobierno debe diseñar una estrategia que permita fortalecer la economía nacional como parte de la competencia, pero también como parte del ejercicio de derechos en materia de pluralismo y diversidad en los contenidos audiovisuales.
«Hacemos un llamado al nuevo gobierno federal, así como al Poder Legislativo y a los organismos reguladores a impulsar un robusto debate ante estos desafíos globales que imponen las necesarias respuestas nacionales y locales a nivel regulatorio y de política pública».
C$T-GM
