La “mayoría” de llamadas no se realizan desde un penal.
La mejor manera de probar la eficacia del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), será en la práctica pues existen elementos que sustentan su creación, como por ejemplo que “el grueso” de las llamadas de extorsión no se realizan desde un penal, sino desde “la vía pública, es en casas”, sostuvo Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
“En todos los modelos y todas las medidas la mejor manera de probar su eficacia es en la práctica”, respondió el funcionario en el webinar «El padrón de usuarios de telefonía móvil y la seguridad», donde se le preguntó si existe evidencia sobre la eficacia de este tipo de registros para combatir la delincuencia.
En el encuentro organizado por la Universidad Panamericana, Mejía Berdeja refirió que de acuerdo con el INEGI, en 2019 se cometieron 4 millones 947 mil 901 extorsiones vía telefónica, y nueve de cada 10 llamadas relacionadas con este tipo de delitos son realizadas desde líneas de prepago.
Sin presentar datos o estadísticas oficiales, el funcionario sostuvo que “la mayoría” de las llamadas relacionadas con delitos de extorsión y secuestro no son realizadas desde los centros de readaptación, lugares que en administraciones pasadas fueron señalados como los sitios donde se originaba la mayor parte de la actividad delictiva que opera vía telefónica.
“Es uno de los argumentos que se utiliza de manera más frecuente, que con bloquear la señal en los penales sería suficiente, y quiero decirles que en el caso de los penales federales, en los Centros de Readaptación Social federales, ya no hay posibilidad de realizar este tipo de llamadas. Sí sigue habiendo problemas en centros de reclusión estatal; sin embargo, el grueso de estas llamadas de extorsión no es de un penal, es en la vía pública, es en casas”.
Al recalcar la urgencia de detener la venta online de chips o tarjetas SIM “que se distribuyen como barajitas entre los delincuentes” para cometer también robo a transporte público y “halconeo” contra operativos de seguridad, Mejía Berdeja señaló que el punto importante no es la geolocalización o de dónde provienen las llamadas, sino identificar al usuario de la línea telefónica.
“Tenemos gran expectativa, fundada en razones, de que en la medida en que les compliquemos la operación que hoy tienen en la telefonía de prepago, de operar desde el anonimato, cuando ya no puedan adquirir estos chips sin ningún control les vamos a debilitar su estructura operativa, les vamos a debilitar su manera de hacer las nueve llamadas de cada 10 que son de teléfonos de prepago”.
El subsecretario de Seguridad del gobierno federal, sostuvo además que “si las telefónicas hubieran tenido un modelo de protección de seguridad pública, quizás no habríamos llegado a este registro”.
“Nosotros incluso lo hemos dicho, si las propias telefónicas hubieran aplicado un modelo de prevención de riesgos delictivos, un compliance adecuado, a lo mejor no habría necesidad de este registro. Pero ¿qué pasó? Se dedicaron a vender, lo que importaba era vender y tenían gente con paquetes de chips en la calle, dando chips, porque lo importante era que pudieran acceder a las recargas. Me parece que fue un sistema donde no hubo responsabilidad y compromiso social. Creo que la seguridad es un tema de todos”.
No obstante, especialistas como Michel Hernández, director de Observatel cuestionó que el funcionario adjudique a las empresas de telefonía una responsabilidad que debe estar garantizada por parte de las autoridades en materia de seguridad.
«Pregunté en foro @UPMexico a @RicardoMeb si existe evidencia de que un registro de este tipo sirva para disminuir la comisión de delitos: dice que «la mejor medida para ver si sirve es probarlo…No, subsecretario, no puede estar probando con restricciones a derechos humanos».
“Dice @RicardoMeb que en los penales federales ya no se realizan llamadas porque sí funcionan los bloqueadores de señales, pero que la mayor parte de llamadas de extorsión se realizan en vía pública. Insiste en que la razón de la comisión de delitos es el esquema de prepago de telefónicas”, escribió desde su cuenta @Micheltaf.
Por su parte Vladimir Cortés R, @vladyruzo, destacó: «el PANAUT, por lo que dice @RicardoMeb, parece más una medida de presión (jalón de orejas) para las empresas de telecomunicaciones por su modelo de negocio que en realidad una medida para reducir la criminalidad… Ahora resulta que debemos socavar la privacidad en aras de la seguridad. Se le olvida al subsecretario que vivimos en un país de abusos y de vigilancia ilegal».
La abogada integrante de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), identificada en Twitter como @Ateneam dijo que “Se le cuestiona la falta de evidencia sobre la eficacia del padrón. El subsecretario @RicardoMeb simplemente responde: “La mejor manera de probar su eficacia es ponerlo en práctica” Básicamente, poniendo la privacidad de las y los ciudadanos como conejillo de Indias”.
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