Retos en materia de competencia complejos.
En un sector intensivo en inversiones como el de las telecomunicaciones, la capacidad de innovación y la competencia entre competidores son factores fundamentales que cobran mayor relevancia en el contexto de una economía digital cada vez más dinámica y que exige un marco regulatorio coherente, aseguró el senador Ricardo Monreal Ávila.
Al participar en el foro “Reto de la Competencia en el Entorno Digital”, el legislador destacó que la inversión se propicia en los entornos de certeza jurídica y estabilidad macroeconómica; el desarrollo y rápido crecimiento de los servicios digitales que potencian el uso de las redes, generan una demanda adicional de capacidad y proveen incentivos a la inversión.
“En el corto y en el largo plazo debemos seguir con la aplicación de un marco regulatorio coherente, que mantenga ese equilibrio y que incentive el surgimiento de nuevas empresas innovadoras, generadoras de servicios convergentes”.
Expuso que en la economía digital, la generación de datos y su uso productivo es común y útil porque permite promover ofertas personalizadas y da elementos para la innovación, pero también crece el imperativo de protección de los datos personales. Asimismo, surgen desafíos sobre ciberseguridad que exige soluciones creativas y acciones decididas y bien concebidas de parte de las autoridades regulatorias.
Si bien reconoció que el sector ha tenido capacidad para no ser desbordado ante el crecimiento exponencial de la demanda durante la pandemia, persiste el reto para que los precios de los servicios sigan bajando y se incorporen nuevos participantes, así como la necesidad de adaptarse a un nuevo entorno y adoptar un enfoque regulatorio integral que contemple el desarrollo dinámico del ecosistema digital.
“Se debe procurar una regulación que complemente los mecanismos del mercado, corrija sus imperfecciones y optimice los incentivos para que los participantes innoven e inviertan a lo largo de toda la cadena de valor”.
Para ello, también se requiere de un debate y diálogo entre el Estado, la industria, academia y el sector privado o los interesados en la inversión, “para entender suficientemente la dinámica de los sectores”, expuso en el panel virtual “Competencia, inversión e innovación tecnológica para ofrecer servicios convergentes”.
Ante el crecimiento de las empresas digitales que crecen con mayor rapidez que la economía en general, los servicios digitales “requieren un marco legal acorde con la actualidad, que estimule la innovación al tiempo que permita a los actores aprovechar la nueva dinámica en condiciones de competencia, y ofrezca protección adecuada para los usuarios”.
El legislador sostuvo que las normas que establecen las actuales leyes federales de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la de Competencia Económica fueron concebidas para enfrentar el reto y el desarrollo digital que es hoy una realidad, ante lo cual es fundamental una adecuación.
En materia de generación de servicios audiovisuales a través de internet, consideró que la proliferación de los denominados OTT (Over The Top) -plataformas de libre transmisión- impone también una reflexión sobre los contenidos nacionales, de la protección intelectual y a menores de edad.
“Estas empresas cuentan, por lo general, con restricciones autoimpuestas, pero debemos ponderar si para ofrecer la debida protección a la persona usuaria se requiere alguna propuesta similar a la que aplican los operadores de televisión restringida”.
Así, en función de la evolución y convergencia tecnológica en el ecosistema digital, planteó también un diálogo amplio para impulsar proyectos regulatorios en materia de contenidos audiovisuales, bajo un enfoque incluyente, de diversidad y pluralidad, y que garantice los derechos de los usuarios y audiencias.
En este contexto, comentó, algunos países imponen a los OTT obligaciones que tienen que ver con la protección para usuarios y audiencias, y con obligaciones fiscales, tanto de impuestos al consumo como al de la renta.
Por su parte, Gisela Sanjuan Rivera, directora de Innovación y Análisis de Política Pública de Presidencia de la República, recalcó la necesidad de que las micro, pequeñas y medianas empresas se digitalicen, así como crear puentes de comunicación entre la industria y autoridades, para que las políticas públicas generen más infraestructura, entrada de nuevos jugadores, productos y servicios.
“Es de vital importancia crear sinergias entre las múltiples partes interesadas para tomar acciones en conjunto que afiancen el ecosistema digital”, dijo la funcionaria, para quien México cuenta con un fuerte potencial en economía digital, pues las Mipymes son importantes generadoras de empleo y pueden generar mayores ingresos en el entorno digital.
El comercio electrónico, añadió, aporta el 5.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y en 2019 las Mipymes aportaron 52.2 por ciento del PIB. Además, el uso de internet destinado al comercio electrónico, para ordenar o comprar productos es de 22.1 por ciento; para operaciones bancarias en línea 16.8 por ciento y para ventas por internet 9.3 por ciento.
En Presidencia, expuso, se analiza esta economía digital desde cinco ejes: Inclusión financiera digital; Confianza y seguridad en el entorno digital; Desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas; Fomento al comercio electrónico, y Desarrollo de habilidades digitales.
“Si se apuesta por una política regulatoria y de competencia con miras a promover mayor infraestructura y asequibilidad de los servicios de telecomunicaciones y dispositivos, de la mano del comercio electrónico, la inclusión financiera y desarrollo de Mipymes, estaremos impulsando mecanismos colaborativos para el bienestar social, el fomento a la inversión, desarrollo económico y el empleo”, puntualizó.
C$T-GM
