Exigen investigación exhaustiva, seria, imparcial y transparente
Entre enero de 2015 y julio del año pasado, 12 periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción fueron blanco del malware Pegasus, cuyo método de infección se basa en el envío de mensajes SMS que se hace pasar por noticias, avisos de bancos o empresas de telefonía, así como textos de familiares y amigos.
De acuerdo con el informe “GobiernoEspía: vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México”, en el periodo referido se detectaron 76 nuevos intentos de infección con el malware Pegasus desarrollado por la firma israelí NSO Group1 y que es comercializado únicamente a gobiernos.
El reporte, elaborado por R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, junto con ARTICLE 19, oficina para México y Centroamérica, y SocialTIC, refiere que estos casos se suman a los 12 intentos registrados en contra de científicos y activistas de la Alianza por la Salud Alimentaria en 2016.
“En los últimos años, se ha reunido evidencia de que al menos tres instancias del gobierno federal lo han adquirido: la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Secretaría de la Defensa Nacional; esta última, sin facultades legales para ejercer acciones de vigilancia”.
Cuando una persona es atacada con Pegasus, recibe un mensaje SMS en su teléfono, el cual contiene un texto que busca persuadirlo de hacer clic en un enlace infeccioso, haciéndose pasar por una noticia, un aviso o el mensaje de un familiar o amigo.
Cuando la persona hace clic en el enlace, su teléfono recibe inadvertidamente un software malicioso que permite al atacante, entre otras cosas, tener acceso a todos los archivos guardados en el dispositivo, así como controlar la cámara y el micrófono del celular.
“A través de este informe hemos registrado que todos los objetivos fueron atacados usando una infraestructura común, además de existir coincidencias entre los mensajes recibidos por diferentes personas”, señala el reporte.
En ese sentido, indica, resulta preocupante que el uso reiterado de estos ataques en contra de periodistas y defensores de derechos humanos se dio durante coyunturas críticas de su labor; todas, con un actor en común: el gobierno federal.
El estudio cita el caso del personal del Centro Prodh que recibió intentos de infección durante coyunturas como el décimo aniversario de la represión en Atenco, la discusión de la Ley General contra la Tortura o la presentación del informe final del caso Ayotzinapa por parte del GIEI.
El equipo de periodistas de Aristegui Noticias fue otro de los objetivos, quienes recibieron mensajes de texto durante sucesos como la exoneración del presidente Peña Nieto por el conflicto de interés de la casa blanca o la publicación de reportajes relacionados con la figura presidencial.
Otro de los objetivos fue Carlos Loret de Mola, quien recibió intentos de infección cuando escribía sobre las ejecuciones extrajudiciales en Tanhuato, Michoacán; en tanto que personal del Instituto Mexicano para la Competitividad fue foco de ataques con el malware Pegasus durante la discusión de la ley 3 de 3.
Además, dos periodistas de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad recibieron mensajes tras la publicación del reportaje sobre la red de empresas fantasma del gobierno de Javier Duarte, en el cual colaboró la organización.
“A la luz de las normas de derechos humanos y el marco jurídico que regula la vigilancia gubernamental en México, los casos de espionaje a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción son absolutamente insostenibles jurídicamente”.
Por el contrario, los hallazgos de este reporte apuntan a la comisión de graves delitos y violaciones a derechos humanos. Debe, por tanto, llevarse a cabo una investigación exhaustiva, seria, imparcial y transparente sobre los hechos denunciados y castigarse a todos los responsables intelectuales y materiales, enfatiza el informe.
C$T-GM