La asignación de espectro radioeléctrico para el despliegue de tecnologías de banda ancha móvil, la reducción de las trabas burocráticas que pesan sobre el tendido de redes de telecomunicaciones, así como apostar por la compartición voluntaria de infraestructura, son estrategias clave para alcanzar mayores coberturas de servicios en América Latina y el Caribe, donde a julio de 2023 existían unas 129 redes LTE y 28 redes 5G.
Si bien la región está ante una oportunidad de mantener un crecimiento no sólo de nuevas líneas, sino también de un recambio de las actuales conexiones por nuevas tecnologías que permitan mayores velocidades de accesos y nuevos servicios, es necesario que las autoridades de los diferentes países desplieguen políticas que incentiven a la industria de telecomunicaciones móviles, señala un reciente reporte de 5G Americas.
“Entre las iniciativas que pueden llevar adelante las autoridades sobresale la asignación de espectro radioeléctrico para el despliegue de tecnologías de banda ancha móvil. Así como también la generación de una agenda que permita a la industria conocer cuáles serán los pasos para este tipo de políticas a nivel nacional y de esa manera planificar de forma más eficiente la participación en diferentes licitaciones”.
El documento “Modelos innovadores en la compartición de Infraestructura” sostiene que es clave avanzar con una visión renovada del espectro, a través de un enfoque centrado en el desarrollo de las redes y los servicios, y lejos de los viejos esquemas recaudatorios. Asimismo, los gobiernos deben asegurar que el espectro se ponga a disposición en condiciones de ser utilizado eficientemente (ordenamiento y limpieza) por sus asignatarios.
Otra de las estrategias políticas que 5G Americas considera que deben tomarse en cuenta es trabajar en la generación de una norma que aglutine las demandas de los diferentes niveles del Estado, así como también en la creación del concepto de “ventanilla única” de trámites, para facilitar los procesos necesarios para conseguir las autorizaciones.
“Está última estrategia es muy positiva para que los operadores puedan desplegar redes de telecomunicaciones de manera más rápida, pudiendo aumentar así la cantidad de personas conectadas a un mejor servicio en menor tiempo. Se debe destacar que América Latina presenta un desafío en varios de sus mercados cuando se consideran las extensiones territoriales a cubrir”.
En general, los países de la región concentran su población mayormente en zonas urbanas, en muchos casos como Argentina, Brasil, Chile o Uruguay, menos de cinco ciudades principales condensan el 80 por ciento de la población.
Es decir que el desarrollo de infraestructura para cubrir la mayor parte de la población se reduce a cuatro o cinco ciudades importantes, pero cuando se busca cubrir a todos los habitantes es necesario un esfuerzo mayor.
“Llegar a estos sectores, que no siempre son rurales, sino que forman partes de pequeñas ciudades, zonas desfavorecidas, y centros productivos generalmente agrícolas y ganaderos, requiere de una infraestructura mayor”.
En este escenario, el estudio señala que además de reducir las trabas burocráticas existentes para el tendido de redes de telecomunicaciones, es importante que las autoridades de los países de la región consideren la compartición voluntaria de infraestructura como una de las estrategias para que se puedan alcanzar mayores coberturas de servicios.
Es por ello, que 5G Americas subraya que la compartición voluntaria de infraestructura y espectro es una de las prácticas que siendo habilitadas por las autoridades permitirán el desarrollo de tecnologías móviles de última generación.
“Permitir los acuerdos entre privados para compartir infraestructura mientras no afecte. Posibilitando de esa forma que una mayor parte de la población pueda tener acceso a los servicios móviles y que diferentes sectores verticales puedan aprovechar las oportunidades que brindan los servicios móviles para potenciar su productividad”.
Es decir que el uso compartido de la red entre dos o más operadores móviles es una de las formas más obvias de lograr ahorros en los tiempos de despliegue y alcanzar coberturas cada vez más amplias, motivo por el cual es una práctica estandarizada desde inicios del 2000.
Además, permite una inversión más eficiente de parte de los operadores. Estas ventajas no sólo se reflejan en los operadores, sino también en los consumidores que pueden acceder más rápido a los servicios.
Sin embargo, generan algunas dudas en lo que refiere a la competencia del mercado, evaluación que debe llevarse adelante por los organismos correspondientes quienes deben considerar un balance entre los efectos positivos y negativos que estos acuerdos generan en el mercado y las condiciones de servicios de los consumidores.
“Los avances en nuevas generaciones de servicios de banda ancha móvil volvieron más complejos los desarrollos de las redes, así como también obligaron a la industria a complejizar la oferta comercial. 5G no es la excepción a este desarrollo, ya que cuenta con una amplia gama de nuevos servicios, generalmente asociados a sectores productivos, que lo diferencian de los ofrecidos hasta el momento”.
A este cambio se le suma que el despliegue de redes de conectividad requiere de un esfuerzo en la industria, particularmente para poder desarrollar tecnologías que garanticen altas velocidades de acceso como LTE Avanzado y 5G.
De acuerdo con datos de OMDIA, en América Latina y el Caribe, existían hasta julio de 2023 unas 129 redes LTE y 28 redes 5G; en tanto que al cierre de 2022 se registraron 536 millones de líneas LTE, y se proyectaba que los servicios de quinta generación alcanzarán alrededor de 400 millones de conexiones para 2027.
C$T-GM