En México, las llamadas no deseadas se han convertido en una molestia común y fuente de riesgo para usuarios de telefonía fija y móvil, pero también para los operadores que deben atender las quejas y asumir costos asociados, por lo que empresas como Telcel, Telefónica y AT&T solicitaron al IFT establecer reglas estrictas y claras, así como convocar a la industria para sostener reuniones de trabajo.
En el contexto de la consulta pública de integración para el diseño y elaboración del Anteproyecto de Lineamientos para garantizar la seguridad de las comunicaciones de voz a través de redes públicas de telecomunicaciones, Telefónica detalla cómo las llamadas no deseadas repercuten en la experiencia del usuario para usar la conectividad como herramienta para el acceso a otros servicios como el comercio o la banca electrónicos.
“Las comunicaciones no deseadas o autorizadas/consentidas por el usuario, o con un potencial origen o contenido fraudulento generan molestia a estos y disminuyen su confianza para utilizar servicios de telecomunicaciones de manera segura, al incrementar su exposición, riesgo y vulnerabilidad a ser objeto de robo de información, de fraude o extorsión, o de recibir información con carácter malicioso, entre otros”.
La empresa subrayó que esta problemática no repercute únicamente a los servicios de voz, sino también a la mensajería, por lo que es necesario que se establezcan reglas estrictas y claras para reducir las vulnerabilidades a las que se enfrentan los usuarios de servicios de telecomunicaciones.
De acuerdo con el documento de referencia “Seguridad de las Comunicaciones de Voz a través de Redes Públicas de Telecomunicaciones”, con 171 millones de llamadas no deseadas y 119 millones de comunicaciones telefónicas con propósitos fraudulentos, México se sitúa en el top 5 de países de América Latina con la tasa más alta de llamadas spam.
El texto elaborado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) explica que las llamadas no deseadas, provienen de diferentes fuentes, tanto lícitas como ilegales, las realizan empresas que ofrecen productos o servicios con o sin el consentimiento de los usuarios; estafadores que buscan obtener información personal y financiera; encuestadores de temas diversos; o representan intentos de saturación de red; entre otros motivos.
El problema también genera inconvenientes para los proveedores de servicios, los cuales deben dar atención a las quejas, asumir costos asociados con la implementación de medidas de seguridad, además de atender el impacto que pueden tener las redes, al consumir recursos que disminuyen la capacidad del proveedor de servicios para proporcionar un servicio de calidad, en detrimento de la experiencia de los usuarios.
En la consulta pública de integración, AT&T México le hace ver al órgano regulador que el principal problema para los operadores de redes de telecomunicaciones es la cantidad de quejas que se reciben de los usuarios por recibir llamadas no deseadas.
“La percepción del usuario es que no queremos ayudarlo o protegerlo, lo cual genera otros problemas, como que el usuario solicite cambios frecuentes de número telefónico, por sentirse afectado o amedrentado; o la cancelación del servicio”.
Al responder qué prácticas no deseadas en los servicios de voz considera que debieran ser consideradas en el desarrollo del anteproyecto de lineamientos, la empresa señaló que si bien es difícil priorizar los temas de llamadas no deseadas, porque la molestia que produce en los usuarios es subjetiva, entre las más dañinas podrían identificarse las de fraudes y extorsiones.
En segundo lugar, las llamadas reiteradas e insistentes como cobranzas y publicidad, cuando no existe forma de darse de baja (opt-out) ni una clara identificación del origen.
“La forma más sencilla de combatir y, que se encuentra dentro de las facultades del IFT, es prohibir el envío de llamadas donde el número de origen no coincide con el número legal de usuario de origen (a veces denominada suplantación de identidad), de esa forma, simplemente la red de origen no procesaría esa llamada”.
Por su parte, Telcel enfatizó que el análisis del IFT no debe limitarse a la seguridad de las comunicaciones de voz, sino que debe abordar, también de manera urgente, el envío no solicitado de mensajes cortos, el cual se ha incrementado exponencialmente en los últimos años.
El operador citó como ejemplo las acciones emprendidas por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC o Federal Communications Commission) de los Estados Unidos de América en el Declaratory Ruling FCC 18-178, en la que reconoce al envío de spam a través de SMS y MMS como una práctica preocupante y en acelerado crecimiento (al igual que lo acontecido en aquel país con las robocalls o spam de voz).
Refiere que en dicho documento se concluye que debe permitirse a los operadores móviles continuar con sus esfuerzos para proteger a los consumidores de mensajes de texto no solicitados, pues se trata de un tema de interés público.
Al presentar su opinión al IFT, Axtel consideró que no existe la información ni los datos suficientes para implementar una regulación de acuerdo con los modelos propuestos para garantizar la seguridad de las comunicaciones de voz.
La empresa subrayó que es importante que en el análisis de impacto regulatorio, el órgano regulador considere la cantidad de tráfico de SPAM y de Spoofing en proporción del tráfico total para revisar si es justificable realizar una regulación al respecto, puesto que de acuerdo con los proveedores de las soluciones propuestas en el documento, un modelo STIR/SHAKEN costaría alrededor de 1 millón de dólares dependiendo del tamaño de la empresa.
Ello, sin considerar costos adicionales por la implementación de la solución como lo son; gastos recurrentes, compra de licencias, pólizas de mantenimiento, así como el costo del certificado de identificación para cada llamada realizada, es decir, el costo de implementación podría poner en riesgo a los diferentes participantes del mercado.
“En conclusión, invitamos al instituto a no implementar medidas que afecten el mercado y por lo contrario recurrir a las alternativas de identificación de identidad que cumplen parcialmente con el propósito de garantizar la seguridad de las comunicaciones de voz de los usuarios sin generar un riesgo económico para la industria derivado de la incertidumbre de la efectividad de los modelos planteados por el Instituto”.
C$T-GM
