La gestión y los diversos permisos que la industria de telecomunicaciones debe presentar ante diferentes instancias de gobierno, ha generado demoras y encarecimiento de estos servicios, además del rezago que le genera a la población integrarse al vertiginoso desarrollo y beneficio que ofrecen tecnologías como las redes de cuarta y quinta generación.
«La complejidad y heterogeneidad normativa que ha existido por años para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones se vuelve más preocupante, si consideramos que la evolución tecnológica y avance de la 4G,y el inminente despegue 5G en la región requerirán enormes esfuerzos e inversiones por parte de los operadores».
Por ello es necesario seguir revisando y disminuir los obstáculos para evitar el rezago de la región en el acceso a las tecnologías más recientes, explicó José Otero, vicepresidente para América Latina y el Caribe de 5GAmericas.
En su análisis más reciente, el experto consideró crítico este contexto pues la evolución de las redes 4G y 5G hacia el 2030 exigirá la instalación de dos o hasta tres veces más de los sitios de microceldas que operaban en 2018, tal como lo anticipó el reporte «Infraestructura en Telecomunicaciones: Regulación Comparada en América Latina y el Caribe».
«También será necesario el despliegue de celdas pequeñas (small cels) en un número que podría superar los 5 millones de unidades desplegadas en todo el mundo, hacia 2025», estimado desde 2018, en el documento 5G Americas y el Small Cell Forum.
Los operadores lejos de contar con el apoyo de algunas instancias de gobierno, deben gestionar diversos permisos ante diferentes instancias de gobierno: nacionales, estatales y municipales (donde hay fragmentación y heterogeneidad en requisitos y plazos), una compleja burocracia, lo que genera demoras de varios meses en el despliegue, mayores costos de gestión e incluso multas por incumplimiento en sus obligaciones de servicio.
José Otero, indicó que en la región destacan algunos esfuerzos para mitigar esta problemática, como la Ley de Antenas o Ley de Torres surgidas en Brasil, Chile y Perú,la Ordenanza Modelo en Argentina o la regularización estándar en San Salvador.
En México está la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión publicada en 2014 que prohibió imponer contraprestaciones económicas adicionales a las pactadas, para la instalación de infraestructura, además de establecer Tribunales Especializados para dirimir conflictos entre consecionarios y la Federación, Entidades Federativas y Municipales.
No obstante el especialista destacó la necesidad de realizar mayores esfuerzos para que esta problemática sea reconocida por reguladores y gobierno para encontrar soluciones que permitan a los operadores, además de modernizar la infraestructura actual, el despliegue que exige la evolución de nuevas tecnologías.
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