Ofertan información para fraudes bancarios.
El incumplimiento de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, ha convertido a México en un paraíso del tráfico clandestino de información personal con fines de fraude, por lo que el Senado de la República exigió al INAI fortalecer las estrategias para garantizar la privacidad de los ciudadanos, que comparten sus datos al obtener un bien o servicio.
Aunque en el país no está permitida la comercialización de bases de datos, existe un mercado negro, donde es posible conseguir información de tarjetahabientes para realizar fraudes bancarios por un precio de solo 147 pesos, mientras que las bandas magnéticas para tarjetas de crédito se comercializan entre 243 y 990 pesos, según estudios publicados por la Asociación Mexicana de Internet.
Los legisladores presentaron un punto de acuerdo que exhorta el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso de la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ejercer una mayor supervisión de los sujetos obligados para que utilicen las herramientas tecnológicas más avanzadas para el resguardo de datos confidenciales de sus clientes.
Aunque en 2017 se incrementaron 89 por ciento las denuncias por fraude cibernético ante la Condusef y sumar 3.3 millones, sólo se sancionó a 113 empresas que incurrieron en malas prácticas sobre datos personales.
De acuerdo con un sondeo realizado por el INAI, 70 por ciento de las personas entrevistadas dijo recibir constantemente llamadas de empresas de servicios, sin haber proporcionado su nombre, actividad, dirección y número telefónico.
Los datos personales son información que puede ser usada para identificar, contactar o localizar a una persona, entre los que se encuentran los siguientes: nombre y apellido, número de documento, nacionalidad, sexo, estado civil, número de teléfono y/o celular, huellas digitales, dirección de correo electrónico, ubicación espacial, actividades y opiniones, principalmente.
En el exhorto los legisladores asientan que la necesidad de acreditarse al realizar trámites o solicitar servicios supone contar con medios digitales seguros, confiables y eficientes para evitar robo o usurpación de identidad, lo cual deben cumplir los sujetos obligados, salvo permiso previo de la persona o cliente de que puedan compartir su información.
“El Estado mexicano debe no sólo garantizar el orden público, sino también el cuidado y defensa eficaz de los derechos humanos fundamentales de la población, entre los cuales se encuentra la protección de sus datos personales”, se subraya en el exhorto.
En este mismo orden de ideas, la Organización de los Estados Americanos (OEA), señala que la privacidad se encuentra vinculado al de la intimidad, siendo un derecho garantizado en los principales instrumentos universales de derechos humanos.
Los legisladores subrayaron que aunque la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, sanciona la comercialización de datos, se requiere de penalizaciones más específicas y elevadas por lo que impulsarán una iniciativa de reforma al artículo 64 para imponer multas de 200 a 320 mil Unidades de Cuenta a las personas físicas y morales que operen sin equipo de protección de datos personales u omitan en sus transacciones un acuerdo de privacidad.
C$T-EVP
