Mayor conectividad impulsó esta comunicación.
Uno de los deseables usos de las nuevas tecnologías es convertirlas en eficiente puente de comunicación entre los internautas y las diferentes instancias de gobierno, lo cual gradualmente se va logrando, pues en 2016, un total de 14.5 millones de usuarios interactuaron con las autoridades, cifra 12 por ciento mayor a lo reportado en 2015.
«El desarrollo de una vida en línea no ha sido exclusivo de individuos, hogares y empresas, sino que también el gobierno ha incursionado en el mundo digital. En este sentido, destaca que, en 2015, un total de 13 millones de usuarios de la red interactuaron con autoridades vía internet, alcanzando 14.5 millones en 2016, es decir, un aumento anual de 12 por ciento».
Los expertos de The Competitive Intelligence Unit (CIU) destacaron que el estudio reciente de la Asociación de Internet.mx mostró que el número de usuarios de Internet en México creció a 70 millones en 2016; además de observarse un uso más intensivo de aplicaciones de comunicación, redes sociales y mensajería instantánea.
La cifra publicada por la asociación ya representa una cobertura para 63 por ciento de la población mexicana ubicada entre las personas con seis y más años de edad en el mercado nacional.
Este desempeño responde, por una parte a la necesidad de los usuarios de la red de tener una comunicación con las instancias de gobierno, sin que ello implique trasladarse a una institución y buscar atención en una ventanilla pública para obtener cierta información o incluso concretar algún trámite, en tanto que las autoridades están obligadas a tener un mayor acercamiento con la sociedad.
La creciente adopción de conectividad combinada con el cometido gubernamental de preservar la seguridad nacional, la salud pública, la soberanía y garantizar una efectiva procuración de justicia, ha llevado a las autoridades a obtener la facultad de hacerse de información e incluso geolocalizarla.
En opinión de los especialistas de The CIU, el punto óptimo es que la necesidad de obtener información por parte de las autoridades y la facultad que le otorga la ley de geolocalizar «nuestras comunicaciones realizadas en plataformas digitales», se lleve a cabo sin violaciones sistemáticas a la privacidad y acorde a la normatividad vigente.
La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) en su Título Octavo habla de la «Colaboración con la Justicia», donde establece la obligación de los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos de atender las obligaciones en materia de seguridad y justicia.
Sin embargo, precisa que deberán «entregar datos relativos a nuestras comunicaciones (no así el contenido), así como aquellos de nuestra localización al momento, siempre y cuando la solicitud se haga por escrito, sea fundada y motivada por la autoridad competente».
C$T-EVP