Aunque en México se ha legislado en torno al teletrabajo en el sector privado, no se ha hecho lo mismo respecto al sector público (al menos a nivel federal), escenario que demuestra la aún incipiente discusión acerca de la flexibilidad en modalidades laborales en este ámbito.
“Si bien es cierto que, en 2020, cuando la emergencia sanitaria es declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como pandemia por el virus SARS-CoV-2, tanto organizaciones del sector privado como del sector público se vieron orilladas a implementar medidas para trabajar a distancia, también es verdad que el sector privado estaba más preparado para esta modalidad laboral que el sector público (al menos en México)”.
En la investigación “Teletrabajo en el sector público”, Carla Angélica Gómez Macfarland refiere que en la actualidad, sólo hay en comisiones legislativas, pendiente de estudio, una iniciativa de la Senadora Alejandra Noemí Reynoso para reformar la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional.
Dicho documento incluye elementos como concepto de teletrabajo, persona teletrabajadora, tecnologías de información y telecomunicación, relaciones laborales, condiciones de trabajo por escrito, obligación de incluir teletrabajo en reglamento interior, infraestructura para teletrabajo, obligaciones de trabajadores en esta modalidad, cambio de modalidad de presencial a teletrabajo, equilibrio de relación laboral de trabajadores en distintas modalidades (presencial y remota), derecho a la intimidad y desconexión, condiciones de seguridad y salud, entre otros.
“Derivado de la investigación realizada se halla que, en nuestro país, aún es incipiente la discusión acerca de la flexibilidad en modalidades laborales dentro del sector público y la consideración de recomendaciones y guías de organismos internacionales en cuanto a la instrumentación del teletrabajo en el ámbito (en los tres poderes del Estado y en los tres órdenes de gobierno)”.
La investigación publicada por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, refiere que de acuerdo con Elsa Pilichowski, Directora de Gobernanza pública de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el trabajo a distancia es una gran oportunidad para los gobiernos.
“Una oportunidad para crear nuevos lugares de trabajo más atractivos, para atraer talento de todo el país para impulsar la transformación en el sector público. Una oportunidad para inyectar nueva diversidad, inclusión y equilibrio de género en el empleo público. Y una oportunidad para sentar las bases de nuevas formas de trabajo, gestión y prestación de servicios a los ciudadanos basados en la confianza”.
Es en ese sentido que el documento publicado por el Instituto Belisario Domínguez subraya que el diálogo en México debe considerar las ventajas para las partes involucradas, siempre que se conserve la calidad, el valor y la oportunidad en el servicio público, se atienda a la ciudadanía y se cumpla con las funciones encomendadas, respetando los principios y valores, así como los objetivos señalados en marcos convencionales, constitucionales, legales y reglamentarios.
A pesar de que se ha declarado el fin de la emergencia sanitaria por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que se ha regresado, prácticamente, a la normalidad; lo cierto es que es necesario retomar lo aprendido respecto de la productividad, el valor público y la flexibilidad en los trabajos desarrollados en el sector público.
Todo ello considerando la naturaleza de cada trabajo, las necesidades de empleadas/ os, empleadoras/es y, por supuesto, de la ciudadanía así como considerar recomendaciones y cuerpos legales que se han desarrollado en diversos países del mundo pero, sobre todo, de la región.
C$T-GM