El cobro de derechos por el uso explotación y aprovechamiento del espectro radioeléctrico es uno de los grandes temas que deben revisarse de cara a un mundo cada vez más conectado y que trae consigo una amplia gama de desafíos pero también oportunidades de desarrollo para las personas y el sector productivo, dijo el diputado Víctor Pérez Díaz.
“Dicen que para arreglar un problema hay que irnos al origen, el tema se reduce en cierta parte al tema del dinero, a la Ley Federal de Derechos, el insumo principal en este caso es el espectro, si nos abocamos a arreglar el cobro de derechos, vamos a dar a un tema de competitividad y así se va a ir desdoblando hasta el usuario”.
En el contexto del foro Telecomunicaciones para la inclusión: ¿Puede la conectividad reducir la pobreza y la desigualdad?, el legislador recordó que este tema será crucial en el análisis que se realizará en septiembre próximo de la Ley Federal de Derechos.
“Si nos vamos a esa parte de la discusión que próximamente se dará en el presupuesto, creo que vamos a dar un gran avance para después permitirles a todos que en el desdoble se vayan haciendo los ajustes hasta que esto se convierta en una política pública alcanzable desde el precio, infraestructura, tener acceso a cualquier tecnología por la cual podamos conectarnos”.
Para el diputado de Acción Nacional, una de las conclusiones del foro que organizó para abrir la conversación sobre los “cómo” y “cuándo” de la conectividad, es que si México no empieza por materializar y “desatorar” el tema de los derechos del espectro, será sumamente complicado que pueda solucionar problemas estructurales como la desigualdad y la pobreza.
El poder de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), como vehículo y motor de movilidad social quedó evidenciado en la pandemia, pues sólo por mencionar un ejemplo, casi 6 millones de jóvenes, niñas y niños no pudieron continuar sus estudios por falta de conectividad.
“Incluso en estados donde se decidió que hubiera educación a distancia no se pudo conectar a la totalidad de los estudiantes debido a la falta de infraestructura y por falta al seguimiento del programa Internet para Todos que en un momento dado se planteó como la cobertura total hacia todos los mexicanos”.
Refirió que de acuerdo con los datos más recientes del INEGI, la población rural registra una amplia brecha digital, lo que inevitablemente lleva a reflexionar sobre la forma en la que se debe aprovechar la tecnología para otorgar mejor calidad de vida a las personas, impulsar la movilidad social, garantizar el ejercicio de derechos fundamentales como el acceso a la salud, la educación y el trabajo.
En el encuentro, al que asistieron representantes de la industria de las telecomunicaciones, legisladores y analistas, la diputada Xóchitl Gálvez habló de lo que en su opinión deberían ser las líneas estratégicas para avanzar en el cierre de la brecha digital que aqueja al país: subsidiar el acceso a internet, eliminar el IVA a teléfonos inteligentes de cierto rango de precio, impulsar habilidades digitales y replantear la política pública relacionada con el costo de las frecuencias.
Y es que, dijo, si se diseñara un esquema en el que parte de las diversas becas que el gobierno entrega a ciertos grupos de la población para adquirir servicios de conectividad, sería posible impulsar de manera significativa la demanda en zonas que tradicionalmente no representan rentabilidad para los operadores.
“Estoy convencida que si en un pueblo marginado, se dice aquí todas las personas van a tener 300 pesos para tener internet al mes, va a llegar una compañía de telecomunicaciones a ofrecer el servicio porque hay con qué conectarse.
Un ejemplo de cómo el fenómeno de la brecha digital no puede verse desde un sólo ángulo, añadió, es el caso de la Ciudad de México que tiene 100 por ciento de cobertura, pero sólo 85 por ciento de los hogares tienen internet.
“Hay 15 por ciento que aunque tiene cobertura, no tiene internet, y esto puede ser por varias razones como que no se tiene un dispositivo inteligente, no tienen dinero para pagarlo o no tienen suficiente capacitación para usarlo”.
Para la legisladora, otra estrategia clave sería apostar por la eliminación de el IVA a los teléfonos inteligentes de cierto rango de precio, “no digo que al iPhone de 40 mil pesos, porque hay un sector que accede a este tipo de dispositivos, pero vamos a pensar en el teléfono inteligente más barato en el mercado que vale 2 mil pesos, porque quien va a comprar ese teléfono es la gente de menores recursos”.
En materia de habilidades digitales, refirió que a nivel nacional sólo 28.7 por ciento de los adultos mayores tienen acceso a internet, y el 56.8 por ciento de las personas que viven en zonas rurales son usuarias de esta tecnología, lo que deja ver la marcada exclusión que se genera en esta parte de la población y en la que también hay que contar a quienes viven con algún tipo de discapacidad.
Además, México necesita replantear la política pública en el costo de las frecuencias de espectro radioeléctrico, pues la evidencia asociada a la brecha digital demuestra que no sólo es un tema de infraestructura.
“El presidente dice que con el rescate de Altán Redes se va a cumplir la promesa de tener internet para todos y se pretendía conectar al 100 por ciento en 2023, pues ya no se logró, pero más allá, nuestra meta tendría que ser que los que ya tengan cobertura que se conecten, con eso le daríamos un avance importante a esta reducción de la desigualdad en el sentido de acceder a las TIC”.
C$T-GM