«Parece que los legisladores no saben lo que aprueban y discuten»
La incorporación de los Derechos de las Audiencias en la reforma constitucional de Telecomunicaciones y Radiodifusión constituye un logro de la sociedad, por lo que «dejar su reglamentación en manos del Ejecutivo Federal implicaría someterlos a intereses políticos y de los concesionarios, tal como está ocurriendo».
La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) que preside Jorge Fernando Negrete, sostuvo que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) es la autoridad autónoma facultada técnicamente para regular los Derechos de las Audiencias y emitir los lineamientos correspondientes.
En su opinión resultan «extrañas las controversias constitucionales presentadas, pues en el caso del Senado de la República participó, deliberó y aprobó en su momento la reforma constitucional y la legislación secundaria que ordenó al IFT emitir los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias.
Tampoco puede calificarse de sorpresiva la publicación de dichos Lineamientos pues previo a su ordenamiento, estos fueron sometidos a una amplia Consulta Pública donde todos tuvieron oportunidad de emitir opiniones e inconformidades.
La controversia constitucional promovida por el Senado de la República resulta extraña pues se promueve «a unos cuantos días de que entren en vigor los Lineamientos, tardíamente los demandantes los consideran inconstitucionales. Pareciera que los legisladores no saben lo que discuten y aprueban».
Respecto a la controversia de la Presidencia, es oportuno recordar que fue el propio Ejecutivo quien propuso dos de los derechos de las audiencias que más han sido atacados por los medios. «Pareciera que el Ejecutivo Federal tampoco sabe lo que propone al Congreso de la Unión. Debería sentirse satisfecho porque avalaron lo que desde un principio contenía la iniciativa de ley».
«Tanto legisladores como el Ejecutivo combaten la validez de la reforma de telecomunicaciones, la cual ha dado resultados tangibles como la baja en las tarifas de servicios de telecomunicaciones; incremento en la calidad, más velocidad y ancho de banda en Internet; ha traído nuevos competidores al mercado; regula a los principales operadores y reconoce los derechos de las audiencias».
«Ponen en entredicho la autonomía del IFT, un organismo que ha sido reconocido internacionalmente. Incluso se le ha pedido que suspenda o abrogue los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias, cuando su obligación es cumplir con la ley».
Destaca que la autonomía del IFT le fue otorgada para que sus resoluciones no estuvieran subordinadas a los intereses privados de los concesionarios o a los intereses políticos del gobierno en turno, mismos que movieron al Senado y a la Presidencia de la República para que promovieran la controversia constitucional contra los Derechos de las Audiencias.
«El IFT goza de la confianza social y el apoyo para que una vez que entren en vigor los Lineamientos, se aboque a vigilar y sancionar su cumplimiento y garantizar los derechos de las audiencias. Desde 2014 los medios debieron nombrar a sus respectivos defensores de las audiencias».
La Amedi confió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación al igual que en ocasiones anteriores sabrá garantizar los derechos fundamentales de los mexicanos, manteniendo vigentes los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias, pues su plena constitucionalidad será refrendada y confirmada. «Los Derechos de las audiencias son un logro que no debe regatearse».
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