Su vigencia será con respeto a los Derechos Humanos
La entrada en vigor de los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias fue aplazada hasta el próximo 16 de agosto de este año, con el propósito de que las controversias interpuestas por el Senado y la Presidencia de la República sean resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
«Considerando la importancia de esta nueva regulación y su aplicación efectiva, no debe existir duda sobre su apego a la Constitución, especialmente por la relevancia y trascendencia que tiene el debido respeto a los derechos humanos que reconoce nuestra Constitución», precisó el órgano regulador a través de un comunicado.
En sesión extraordinaria, el Pleno del instituto explicó que tomando en cuenta el tiempo que regularmente toma este tipo de procesos judiciales, resolvió modificar el régimen transitorio de los Lineamientos con la finalidad de diferir su entrada en vigor hasta el 16 de agosto de 2017, aunque si las controversias constitucionales no se han resuelto, esta fecha será revisada de nueva cuenta.
«Atendiendo a que la ley que regula estos mecanismos de impugnación impide que exista suspensión cuando el acto cuya invalidez se reclama consista en una norma general, como son la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) y los Lineamientos, el Pleno del Instituto determinó diferir la entrada en vigor de los Lineamientos hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva lo conducente».
El Acuerdo por el cual se modifica la entrada en vigor de los Lineamientos fue aprobado por el Pleno en sesión extraordinaria este miércoles 1 de febrero y será publicado en el Diario Oficial de la Federación y en el portal de Internet del IFT.
El órgano regulador explicó que tanto la LFTR y los Lineamientos son parte de un nuevo marco jurídico en materia de derechos de las audiencias que ha sido cuestionado mediante dos controversias constitucionales presentadas ante la SCJN; una en contra de diversas disposiciones de la Ley expedida por el Congreso de la Unión y otra en contra de los Lineamientos expedidos por el IFT.
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