Hasta 5 mil mdd, el daño que causa la ciberdelincuencia.
Un paso en el tema de la ciberseguridad en México se ha dado desde el Poder Legislativo, a través de una iniciativa de reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para intercambiar información, promover mejores prácticas y generar información estadística de carácter público en la materia.
En el contexto acelerado de la digitalización en diversos sectores, provocada por la emergencia sanitaria del Covid-19, legisladores de diferentes partidos en la Cámara de Diputados aprobaron un dictamen, cuyo objetivo principal es fortalecer la seguridad pública y cibernética en el mercado doméstico.
El documento establece facultades al Consejo Nacional de Seguridad Pública para promover la cooperación entre instancias de gobierno, instituciones académicas, organizaciones empresariales y sociedad civil organizada, para el intercambio de información, mejores prácticas y tecnologías en materia de seguridad cibernética, con estricto respeto a los derechos humanos.
En la iniciativa también se destaca que el Sistema Nacional será responsable de generar información estadística de carácter público sobre seguridad cibernética, integrando todos los datos recabados que generen los sujetos referidos.
Adicionalmente, se prevé que el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana realice una amplia promoción de la cultura de seguridad cibernética, respetuosa de los derechos humanos, tanto desde las instancias del propio gobierno como de la sociedad.
Se reconoce que aunque se generó la Estrategia de Seguridad Cibernética en 2017, para ser observada a mediados de 2018, “el rezago es evidente y se refleja en actividades antisociales y probables delitos que van desde intrusión en equipos hasta la parálisis de áreas institucionales, pasando por fraudes a usuarios de banca electrónica o incluso robo de identidad”.
Aunque el dictamen fue enviado al Senado de la República para su discusión, en la Cámara de Diputados fue avalado con 467 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, particularmente por considerar el contexto que se vive actualmente y la importancia de superar los retos que impone el acelerado proceso de digitalización en el mundo.
Al fundamentar la propuesta, la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Juanita Guerra Mena, expuso que las normas se encuentran obsoletas y es necesario que vayan al mismo ritmo que la innovación, puesto que “el cibercrimen es una actividad que se desarrolla a la par del desarrollo tecnológico”.
“Por la utilidad que proporcionan las Tecnologías de la Información y la Comunicación para las tareas de los gobiernos y los sectores en este caso privado y social; por ello, un nuevo modelo del sistema involucra la necesidad de identificar con anticipación los riesgos, pasar de una cultura reactiva a una de prevención”.
Por su parte la diputada Carmen Julia Prudencio González, comentó que en México, el cibercrimen le cuesta a la industria y a los consumidores, entre 3 mil millones y 5 mil millones de dólares anuales.
Por ello, resaltó que el tema de ciberseguridad es relevante en este momento en que la pandemia mundial ha creado nuevos retos y realidades, y será necesario dotar al país de un marco jurídico que asegure la protección digital en todos los sentidos.
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