Para resolver el problema que implica la reglamentación local diversa, contradictoria o a veces inexistente con respecto al despliegue de las redes de telecomunicaciones, conviene revisar las mejores prácticas que se han detectado en el país y replicarlas para agilizar este trabajo, recomendó el comisionado presidente del Instituto federal de Telecomunicaciones (IFT), Javier Juárez Mojica.
Entrevistado en el contexto del foro «La transformación digital como plataforma de desarrollo económico y social a través del cierre de las brechas digitales», organizado por el Centro-i para la Sociedad del Futuro, el presidente del órgano regulador indicó que junto con el alto costo del espectro radioeléctrico, el tema de la reglamentación es otro de los grandes obstáculos para la implementación 5G.
En ese sentido, dijo que algunas experiencias importantes como en el estado de Hidalgo, demuestran que se puede lograr un ambiente propicio para que el despliegue de infraestructura se agilice y esté lista para ayudar al desarrollo del sector.
Junto con autoridades locales y municipales, la industria y el regulador lograron acuerdos para homologar trámites, agilizar licencias y flexibilizar otros, como la llamada «autorización ficta», que consiste en que la empresa que despliega puede realizar el trabajo con sólo avisar y sin necesidad de esperar una respuesta del aviso.
Este tipo de prácticas, señaló Juárez Mojica, ayudan mucho a facilitar el despliegue, pero requieren de manera indispensable el acuerdo entre autoridades de diversos órdenes y las empresas involucradas.
Este mismo tipo de acuerdos han funcionado muy bien en otros lugares como la ciudad de México, específicamente con las alcaldías Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y Coayoacán.
De hecho, con esta última alcaldía se acaba de firmar un acuerdo de colaboración que no es sino la continuación de un trabajo de coordinación que ya se había adelantado desde hace tiempo.
La creciente demanda de servicios de telecomunicaciones que vendrá en el futuro cercano, exigirá a su vez mayor despliegue de fibra óptica a nivel nacional y para ello serán indispensables acuerdos de este tipo entre autoridades y empresas.
De hecho, en marzo pasado el Comité Técnico en materia de Despliegue 5G del IFT, propuso la creación de un Observatorio y de una Comisión Interdisciplinaria formada por la Conamer, SICT, el IFT, PROMTEL y el INDAABIN.
Dicha comisión, que tendría entre sus objetivos implementar las acciones necesarias para eliminar las barreras al despliegue en cada entidad federativa, también contaría con la participación de las y los titulares de las Secretarías de Desarrollo y/o Fomento Económico de los Estados y Titulares de la Mejora Regulatoria.
La propuesta delineada en la Mesa II. Despliegue y disponibilidad de infraestructura para 5G, del grupo técnico de apoyo al IFT, que opera de manera consultiva y no vinculante, señala que el Observatorio propuesto estaría encargado de medir y promover el cumplimiento de diversas disposiciones en la materia.
Además, contaría con la participación de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) mediante un acuerdo de colaboración suscrito con el IFT.
El Comité 5G explicó que pese a que casi ha transcurrido una década desde la reforma en materia de telecomunicaciones, siguen existiendo restricciones legales y complejidad regulatoria que impide un adecuado despliegue de infraestructura.
Estas barreras van desde la prohibición de desplegar torres de telecomunicaciones en determinados usos de suelo, hasta revisar los procesos de obtención de las autorizaciones por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para desplegar fibra óptica en vías de derecho federal.
Todas estas barreras trataron de ser abatidas con todo un andamiaje normativo a nivel constitucional y federal que se dio a raíz de la mencionada reforma estructural de 2013, sin embargo, a casi 10 años de dicha reforma, siguen existiendo restricciones legales y complejidad regulatoria que impide un adecuado despliegue de infraestructura.
Es así que a la fecha, la incompatibilidad del servicio público de telecomunicaciones y su infraestructura en diversos tipos de uso de suelo, sigue siendo una de las barreras que impiden el despliegue de torres o sitios de telecomunicaciones.
Y es que los usos de suelo pueden llegar a ser tan diversos como distintas son las actividades humanas y pueden variar de una demarcación territorial a otra, siendo el uso de suelo habitacional y el comercial el predominante en una ciudad, porque ahí se vive y se realizan actividades de comercio principalmente.
C$T-GM