Durante años, el IFT ha puesto el dedo en la llaga: es fundamental bajar los derechos por el uso del espectro radioeléctrico. De hecho, este mismo año el Pleno aprobó un estudio donde concluye que el encarecimiento de este recurso es una barrera para competir que pone en riesgo la viabilidad del sector y que ha afectado la asignación de frecuencias, al quedarse lotes vacíos en los concursos.
No obstante, el órgano regulador estima que será el próximo año cuando habilite la consulta pública sobre el anteproyecto de bases de la licitación IFT-12, proceso mediante el cual se pondrán a disposición bandas de frecuencia idóneas para el despliegue de servicios 5G en México.
“Ya hubo una pre consulta pública. Hubo manifestaciones de si hay interés o no por seguir adelante con esta licitación, pero al margen de esto el instituto tiene que seguir cumpliendo con tareas y una de esas tareas tiene que ver con la administración eficiente del espectro radioeléctrico. Lo que corresponde ahora es que en el contexto que tenemos, donde el costo del espectro es un elemento que se tiene que ver, a partir de ahí se sigue trabajando en cómo pudiera diseñarse una licitación con estas condiciones que tenemos”, dijo Javier Juárez Mojica, presidente del IFT.
Reunido con medios de comunicación, el funcionario dijo que el próximo año estaría iniciando dicha consulta pública del proyecto de bases, un procedimiento transparente donde todos los interesados podrán opinar.
“Ahora será un proyecto de bases donde se ponga qué bandas se van a licitar, si va a haber algún incentivo, spectrum caps, todo ese diseño se somete a consulta pública, recibimos todos los comentarios y a partir de ahí se puede continuar con el procedimiento, pero digamos que estamos en eso y no sería tanto que estuviera en la congeladora (la licitación), más bien sigue su ruta de trabajo”.
A pregunta expresa de ConsumoTIC, sobre la conveniencia de realizar un proceso de licitación sin que exista un ajuste a la baja en los derechos que se pagan por el uso de este insumo indispensable para la provisión de servicios, el presidente del IFT dijo que será precisamente la consulta pública, un proceso clave para tomar en cuenta todos los elementos.
Sóstenes Díaz, comisionado del órgano regulador, recordó que año con año se insiste en el impacto de tener un espectro caro, “sacamos las conclusiones del estudio que se emitió en el sentido de que a mayor escala de operación es más fácil que se puedan pagar esos derechos del espectro por cómo lo amortizas con cada uno de tus usuarios, pero también no podemos dejar de actuar como reguladores de telecomunicaciones si es que no se modifican estos pagos de derechos”.
Desde la perspectiva del funcionario, es claro que se tiene que ver cómo se diseña la licitación para definir la forma en que se asignarán los bloques de espectro que se pongan a disposición, “pero nosotros tenemos que seguir”.
Para Ramiro Camacho, comisionado del IFT, sería muy bueno si los derechos bajaran, “obviamente menores derechos por el espectro, significan menores precios a los usuarios finales y significa una mayor competencia en el sector si podría haber más entrada de operadores de los ya existentes, o de nuevos. No podemos quedarnos sin hacer nada con la expectativa de que van a bajar los derechos en algún momento. Vamos a considerar todos los factores que existen”.
En este contexto, la pregunta es si entre las posibilidades que se vislumbran y tras años de señalar los efectos del espectro caro, el IFT podría tener en el radar la idea de presentar una controversia constitucional contra el Congreso por mantener esta barrera a la competencia e impedir un desarrollo eficiente del sector.
“De hecho no lo hemos discutido a detalle. Es una de las posibilidades pero no lo hemos consultado con nuestros asesores jurídicos, esa es una posibilidad, no hemos en el Pleno discutido eso”, dijo Ramiro Camacho.
En México, las cuotas establecidas en la Ley Federal de Derechos son el principal factor del alto precio del espectro radioeléctrico, ya que llegan a superar el 90 por ciento del costo total de las bandas de frecuencias para implementar sistemas de Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT por sus siglas en inglés), desplazando a las licitaciones públicas como el instrumento definido en la Constitución para la asignación de este recurso.
Datos del propio IFT señalan que únicamente tomando en cuenta los derechos, las bandas de frecuencias asignadas son 35 por ciento más costosas que la valuación del mismo espectro utilizando las referencias internacionales.
Es así que por años, México ha sido conocido como el país donde la mayor parte del costo del espectro radioeléctrico de las bandas de frecuencias asignadas representa un costo fijo para los operadores que se concentra en el pago de derechos.
Esta situación es reconocida por el IFT al asegurar que crea una inflexibilidad sustancial para que competidores de menor tamaño, distintos al Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEPT) puedan ajustar sus costos.
Y es que mientras Telcel, que forma parte del AEPT paga 4.12 por ciento de sus ingresos anuales por el uso del espectro, su principal competidor, AT&T, destina el 11.62 por ciento, lo cual ha creado una desventaja en costos sustancial.
La licitación IFT-12, a través de la cual el IFT busca colocar en el mercado bandas de frecuencia idóneas para el despliegue de servicios 5G en México, ya fue motivo de una consulta pública para recabar información para el diseño del proyecto de las bases del concurso.
En dicho proceso, que concluyó en marzo, AT&T México expresó que en tanto no cambien las circunstancias relacionadas con los altos costos del espectro radioeléctrico, no estaría en condiciones de participar en una nueva licitación como la que planea realizar el IFT, ante lo cual garantizará la prestación de sus servicios y el despliegue de su red 5G con la bandas de frecuencia que ya posee.
Sin embargo, los altos costos del espectro radioeléctrico no son el único problema a resolver, pues se adiciona la situación en la que se encuentran los operadores móviles en el país y las condiciones de falta de competencia efectiva que prevalecen.
En ese escenario, expuso la empresa, es claro que no existen condiciones para realizar una licitación como la que planea el IFT para colocar en el mercado diversas bandas de frecuencia idóneas para el despliegue de servicios 5G en México.
En dicha consulta pública, AT&T México enfatizó que si el IFT resolviera llevar a cabo la Licitación IFT-12 sin que cambien las condiciones que actualmente rigen el mercado de las telecomunicaciones móviles en México, es altamente probable que el único operador capaz de participar y comprar espectro adicional sea el AEPT.
Y es que, además de tener el 70 por ciento del mercado, Telcel es el mayor tenedor de espectro radioeléctrico en México, por lo que cualquier licitación para servicio móvil llevada a cabo en el corto plazo traería como efecto una mayor distorsión en el mercado móvil, como consecuencia del acaparamiento de este recurso que tendría lugar y el consecuente incremento de la preponderancia de este operador.
Por su parte, la Canieti aseguró que es indispensable que se revisen y reduzcan los costos del espectro para permitir que sea el mercado el que determine los costos, estimular la participación y demanda por espectro en los procesos de licitación, así como evitar que este recurso no se asigne; y promover la inversión y el despliegue en redes de telecomunicaciones.
La Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la información (Canieti) refirió cómo esta problemática ha sido señalada por organismos internacionales como la OCDE, que en su reporte “Developments In Spectrum Management For Communication Services”, detalla cómo el modelo híbrido mexicano genera desventajas importantes respecto a los mecanismos que usan el resto de los países miembros.
De entrada, genera incertidumbre e ineficiencia para asignar las frecuencias, por ejemplo, desincentiva la participación en subastas dejando frecuencias sin asignar como sucedió en las licitaciones de 2021 en las bandas de 800 MHz y 2.5GHz, con 38 bloques desiertos de 41 licitados, generando pérdidas tanto a los consumidores como al Estado.
Para la GSMA, es fundamental revisar y reformar la LFD en materia de espectro, pues de no hacerlo el costo total de este recurso seguirá creciendo, limitando la capacidad e incentivos de los operadores para mejorar los servicios de telecomunicaciones y desplegar nuevas tecnologías.
“Si no hay reformas a la normatividad que regula el pago por tenencia espectral en México, además de una certidumbre en la forma para calcular las contraprestaciones con motivo de las renovaciones de los títulos de concesión actuales, el costo total del espectro seguirá creciendo, limitando la capacidad e incentivos de los operadores para mejorar los servicios y desplegar nuevas tecnologías”.
C$T-GM