Tras el desmantelamiento del corpus institucional en materia de telecomunicaciones por parte del actual gobierno, sería de esperar que la nueva administración federal pusiera la mira en la creación de un Ministerio TIC, en ajustar a la baja los precios del espectro, pero también en la importancia de revisar la reforma constitucional de 2013 y el necesario fortalecimiento del IFT.
“Ha habido una mutilación del sector en esta administración, sería de esperar que en la próxima administración no sólo se restaurara el corpus institucional, sino que se construyera un Ministerio TIC como el que tiene Colombia desde hace 15 años, o el de Reino Unido”, sostuvo Ernesto Piedras, director general de la consultora The CIU.
Además, desde la perspectiva del analista, es fundamental una revisión a la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión de 2013 que, entre otros temas, dio origen al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), un órgano regulador que durante el presente sexenio ha estado bajo la constante amenaza de desaparición.
Otro tema clave para las personas que lleguen a conformar el nuevo gobierno federal a partir de octubre próximo, tras la elección presidencial del 2 de junio, es indiscutiblemente los altos precios del espectro radioeléctrico y el impacto negativo que causan en el mercado y la ciudadanía que consume servicios de telecomunicaciones como la telefonía y el internet.
“Soy mucho de la idea que no debemos esperar que la secretaría de Hacienda aprenda de telecom, se le debe hacer el trabajo y decirle ya hay formas diferentes, si cobraras más racionalmente el espectro, los precios de los servicios bajarían y navegaríamos más en la movilidad… Estaríamos dispuestos a pagar por más servicios y eso es contribución con más impuestos”.
En opinión de Ernesto Piedras, si bien cada año se habla de la necesidad de que bajen los precios del espectro radioeléctrico al promedio internacional, no existe una gestión seria del tema entre las cámaras y las empresas.
Y es que, aunque es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la autoridad que define los derechos que los operadores deben pagar cada año por el uso del espectro radioeléctrico, hay voces que deben señalar de manera enfática lo que representa para México estar entre los países más caros para adquirir este insumo.
“Se deberían escuchar las voces de las comisiones en las cámaras de Senadores y de Diputados, y el IFT con su Pleno de comisionados, diciendo señores amigos de Hacienda encontremos otra fórmula porque están lastimando al sector, ya provocaron que Telefónica Movistar regrese su espectro radioeléctrico completo y AT&T México regresando otra parte, lo cual merma las propias finanzas del Estado”.
Aunque el precio espectral es un tema delicado que sin duda debe estar en la agenda pública y en las tareas que necesariamente debe asumir el nuevo gobierno federal, existen otros de los que se habla poco pero son sumamente relevantes para el bienestar de los consumidores: la aplicación del IEPS.
“Cuando se habla del espectro radioeléctrico, se toma en cuenta una parte que es la oferta, es decir, del lado de los operadores, pero cuando se aborda el tema del IEPS, se tienen que ver las afectaciones que genera un impuesto de este tipo”.
Y es que desde hace 14 años, los usuarios de servicios de telecomunicaciones como la telefonía fija, móvil y la tv de paga, tienen que sumar a la factura 3.0 por ciento del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS).
Lo polémico es que se trata de un gravamen que se aplica a artículos y servicios considerados no deseables para la población ya que causan un perjuicio a la salud como las bebidas alcohólicas, cigarros, confitería, refrescos, juegos con apuestas y sorteos.
De hecho, en dos ocasiones (2012 y 2017), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha recomendado a México la eliminación de este impuesto que afecta de manera directa a los consumidores y obstaculiza los niveles de adopción, innovación e inversión en el sector de las telecomunicaciones.
“Es lo que hemos llamado inconstitucionalidad fiscal porque por un lado, la Constitución señala que la conectividad es un derecho básico del ciudadano, y por otro lado se aplica ese 3.0 por ciento adicional en forma de IEPS al consumo”, dijo Ernesto Piedras.
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