En América Latina, donde los marcos impositivos fueron diseñados en una época en la que la conectividad móvil era un símbolo de estatus, y gravarla generaba ingresos fiscales con un impacto social acotado, es momento de apostar por una reducción de los impuestos específicos al sector móvil, lo que permitiría sumar a 30 millones de personas al mundo digital.
En su estudio ” Impuestos específicos al sector móvil en América Latina. Impacto sobre la conectividad y la recaudación fiscal “, la GSMA se refiere cómo en las primeras etapas, cuando el impacto de la conectividad era más limitado, muchos gobiernos de la región aplican impuestos específicos a la conectividad móvil como una manera eficiente de generar ingresos fiscales.
Sin embargo, el resultado fue un gran desequilibrio entre la contribución económica directa de los servicios móviles y los niveles de tributación a los que están sujetos. Al comparar la contribución fiscal de los servicios móviles con su contribución económica directa, se observa que, en 2023, la primera fue más del doble que la contribución económica directa al PIB en América Latina.
“En 2023, los impuestos específicos a la conectividad móvil en América Latina representaron aproximadamente unos 4 mil 650 millones de dólares, lo que equivale a un 6,5 por ciento del costo total de la conectividad”.
Existen diferencias considerables entre los países: en Uruguay, El Salvador y Guatemala, los impuestos específicos representan menos del 2.0 por ciento del costo de la conectividad; en cambio, República Dominicana, Venezuela, Brasil, Argentina y Bolivia tienen impuestos específicos mucho más altos, cuya incidencia supera el 10 por ciento del costo de la conectividad, dificultando la asequibilidad para los sectores de más bajos ingresos.
Además, explica el documento, los usuarios están alcanzados por impuestos específicos al momento de comprar dispositivos y al activar y utilizar los servicios móviles: una alícuota de IVA más alta, aranceles aduaneros específicos sobre los dispositivos y tasas de activación y numeración, entre otros.
“Catorce países de los 18 analizados imponen a los consumidores algún tipo de impuesto específico, que son los que poseen mayores efectos regresivos al encarecer el acceso y tornarlo inasequible para la población de más bajos ingresos”.
En el estudio, la GSMA muestra que son pocos los países que han tomado iniciativas positivas en este sentido, eliminando algunos de estos tributos para mejorar la asequibilidad (Colombia en 2016, Ecuador en 2021, Argentina en 2025), mientras que la mayoría en la región aún mantiene una carga fiscal sobre los consumidores similar a la identificada casi una década atrás.
Por su parte, los proveedores de conectividad móvil también están sujetos a impuestos específicos como los pagos recurrentes para licencias y uso del espectro, así como gravámenes basados en ingresos y aranceles aduaneros sobre el equipamiento de red.
“No se observa una tendencia de reducción de impuestos específicos a nivel regional en este aspecto, sino más bien todo lo contrario: sólo México eliminó aranceles aduaneros sobre los equipos de red mientras que El Salvador optó por aumentarlos; Honduras aumentó la tasa del Fondo de Servicio Universal (FITT) del 1.0 por ciento al 1.5 por ciento; y Panamá aumentará gradualmente la tasa de regulación del 0.5 por ciento actual a un 1.0 de los ingresos de los operadores para 2032”.
Reducir impuestos específicos a la conectividad móvil aceleraría la digitalización y colaboraría en cerrar la brecha de conectividad que afecta a América Latina. Una reforma potencial en este sentido podría lograr que los servicios móviles se tornen en más de 30 millones de nuevas personas en la región, sin que esto provoque efectos negativos en la reducción fiscal de los países.
El análisis de la GSMA exponen que el actual marco regulatorio fiscal de la conectividad móvil ha quedado obsoleto, coincidiendo con la postura de muchos ministerios TIC y reguladores que han apoyado la necesidad de implementar una reforma.
“Estos hallazgos tienen implicancias clave para los formuladores de políticas públicas, especialmente para las autoridades fiscales y de telecomunicaciones. Los resultados destacan el gran costo de oportunidad que representan los impuestos específicos a la conectividad móvil para la región, no sólo en términos del nivel de digitalización de la sociedad y su impacto en la economía, sino también en términos de los ingresos fiscales no percibidos”.
Para la organización, esto representa un llamado a la acción a instituciones internacionales y regionales —como la UIT, el Banco Mundial, la OCDE y CITEL, entre otras— para que respalden futuras reformas al marco regulatorio fiscal de la conectividad móvil en la región y contribuyan activamente a cerrar la brecha de conocimiento entre las autoridades sectoriales y fiscales.
C$T-GM
