Para nadie fue sorpresa que Altán Redes anunciara que inició un proceso de Concurso Mercantil pues, de antemano, se sabía que arrastraba problemas de liquidez, pese a que los anuncios recientes de la compañía fueron de avances en materia de clientes y de usuarios finales, con despliegues en zonas apartadas en las que ningún otro proveedor de servicios de comunicaciones llega.
El proceso de Concurso mercantil no es menor, dado que está en juego el buen aprovechamiento de un insumo esencial y finito propiedad de la nación que es la banda de los 700 megahertz del espectro radioeléctrico y sin que hasta el momento se conozca la postura del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel), socio gubernamental de Altán Redes en el proyecto de la Red Compartida, dentro de una Asociación Público-Privada única en el mundo.
Pero, además, no podemos olvidar que Altán Redes está conformada por un consorcio de organismos y empresas nacionales y extranjeras y que, para el caso de México, hay Certificados de Capital de Desarrollo o CKDs invertidos en infraestructura y que comprometen ahorros de los trabajadores a través diversas Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), como es el caso de la Afore Banamex.
No podemos olvidar tampoco que el gobierno actual ha manifestado su interés en modificar el esquema de Afores y más vale exigir información para saber en dónde están los ahorros de los trabajadores.
Lo cierto es que tras la transferencia de los puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de Marina, recintos en los que durante el sexenio pasado se invirtieron alrededor de 41 mil millones de pesos para ampliar la capacidad portuaria al doble; un Nuevo Puerto de Veracruz inaugurado simbólicamente; la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM); el postergado proyecto del Tren Interurbano México–Toluca que, de 30 mil millones ha pasado a costar 90 mil millones de pesos; la cancelación del Tren Interurbano México-Querétaro; el socavón del monstruo sin cabeza que resultó del Paso Exprés, entre otros, la Red Compartida cierra un círculo de proyectos emblemáticos mal planeados, dispendiosos y fallidos en manos del equipos de Gerardo Ruiz Esparza (QEPD), titular de la SCT durante el sexenio peñista.
Hay que mencionar también que el anterior Secretario de Comunicaciones y Transportes en la presente administración, Javier Jiménez Espriú, denunció que se habían encontrado “cientos de irregularidades” dejadas durante el sexenio anterior, mismas que quedaron como simple comentario y que ni el mismo Jorge Arganis Diaz-Leal ha tocado en discurso o pronunciamiento alguno.
Hasta ahí deberían existir pruebas para aplicar la ley y no hacer consultas si se debe o no cumplir una promesa presidencial de enjuiciar la corrupción. Si falla la consulta será dar rienda suelta a la corrupción y la impunidad.
Para nadie pareció casual la llegada de Jorge Nuño Lara a la subsecretaría de Infraestructura de la SCT, proveniente de la titularidad de la unidad de inversiones en la subsecretaría de egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a quien comunicación social de la dependencia mantiene muy guardado, sobre todo cuando se ligó a Cedric Escalante en conflicto de interés.
En tal contexto y en pleno aniversario de la luctuosa corruptela ocurrida en el Paso Exprés, es que Altán Redes hizo el anuncio de su Concurso Mercantil, en busca, dicen, de una reorganización financiera y la búsqueda de nuevo apalancamiento y reorganización.
No podemos olvidar que desde el sexenio pasado y en público, Altán Redes ya había solicitado modificación a las reglas, entre estas, la posibilidad de ofrecer servicios al usuario final y tener acceso a nuevas bandas del espectro radioeléctrico en condiciones preferenciales.
Todo lo anterior modificaría las condiciones del proceso de licitación por el que se le otorgó la concesión correspondiente por lo que, en su momento, no se aceptó. Sin embargo, hoy uno de los pretextos es que el actual gobierno “visionario y gran estadista” fue quien modificó los términos de la concesión al pedirle a Altán Redes que adelantara el último de los hitos, que representa alrededor del 7.0 por ciento de la cobertura comprometida para trata de cumplir con la promesa de alcanzar la conectividad universal hacia el 2024.
Según los abogados del sector sí se cambiaron las condiciones bajo las cuales se otorgó la concesión, eso representa defraudar un concurso público y con lo que se pretende justificar una nueva modificación al ampliar la cobertura comprometida del 2024 al 2028.
De esta forma, queda claro que la cobertura universal quedaría como una promesa más de gobierno, como un buen deseo sin ruta, sin planes y sin agenda ni estrategia digital; lo grave será, en su caso, ver fracasar otro de los grandes proyectos emblemáticos y solo alargar su agonía para que el gobierno próximo se encargue de seguir echando culpas a los regímenes anteriores, que es el verdadero deporte con medalla olímpica, de la política mexicana.
C$T-GM
