Sin cobertura de servicios móviles más de 99 mil localidades.
La marginación digital es un tema urgente de resolver en México, pues la falta de cobertura de los servicios de telecomunicaciones “afianza la pobreza al limitar el acceso a la información y priva del acceso a herramientas que contribuyen con la creación de acervo de capital humano”, además de quitarle la oportunidad a la población de más bajos recursos de tener acceso a las opciones de teleducación y telesalud.
“Llevar cobertura donde no la hay constituye el primer eslabón de una compleja cadena de acciones; y donde el Estado juega un papel crucial al estimular y promover las concesiones de uso social y comunitario, al poner en acción a los órganos de gobierno dedicados a llevar conectividad y al generar incentivos correctos entre los concesionarios comerciales para que garanticen cobertura donde es menos rentable”, aseguró Samuel Bautista Mora, consultor de The Competitive Intelligence Unit (CIU).
El reto no es menor pues bajos ingresos para contratar servicios o adquirir algún dispositivo y hasta causas de analfabetismo digital provocan que en el país 34.4 millones de mexicanos de seis años o mayores no aprovechen internet, 28.6 millones no utilizan celular y 44 de cada 100 hogares carezcan de una conexión a internet, problemas a los que se suma la falta de cobertura, sin la cual es imposible hablar de inclusión digital.
“En 2019 se registraron 99 mil 597 localidades de todo el país, 51.8 por ciento de total, sin cobertura de servicios móviles de tercera y cuarta generación (3G y 4G), así como de internet fijo; poco más de la mitad están concentradas en seis entidades federativas: Chiapas (15.8 por ciento), Veracruz (11.9 por ciento), Oaxaca (8.3 por ciento), Chihuahua (7.7 por ciento), Guerrero (5.8 por ciento) y Michoacán (5.1 por ciento).
El especialista detalló que en las localidades sin cobertura habitan 11.6 millones de personas, cifra equivalente al 10.3 por ciento de la población nacional; existe una dispersión poblacional pues tan solo en ocho de esas zonas apenas superan los 5 mil habitantes, un tema que complica llevar una oferta que garantice la cobertura universal.
“No es una coincidencia que elevados niveles de pobreza correspondan con la falta de cobertura de servicios de telecomunicaciones. Por un lado, la ausencia de estos servicios resulta en la imposibilidad de apropiarse de sus beneficios, mientras que, por el otro, la situación de pobreza aleja su adquisición y consecuente aprovechamiento”, explicó.
Para Bautista Mora el Estado está obligado a garantizar el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), un derecho constitucional que permitirá además de incrementar el número de usuarios conectados y comunicados, fortalecer la garantía de otros derechos y propiciar el desarrollo económico y social del país.
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