Usuarios/audiencias “mejor con el IFT que sin él”.
De cara a la Cuarta Revolución Industrial, que implica la adopción masiva en diversos procesos del Internet de las Cosas (IoT), la Inteligencia Artificial (IA) y el Big Data, las exigencias en materia de infraestructura son claras y también lo es el requerimiento de altos niveles de inversión; sin embargo, la certeza jurídica y un diseño institucional ajeno a intereses económicos y políticos, son condición necesaria para evitar anclar la transformación digital del país.
“El diseño institucional que tenemos, independiente de intereses económicos y políticos, y solamente guiados por la especialización técnica da confianza a esas inversiones”, subrayó Javier Juárez Mojica, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Al participar en el foro “La importancia de los órganos autónomos en el desarrollo democrático de México”, expuso que el país no podrá transformarse digitalmente ni ingresar a lo que se ha denominado como la Cuarta Revolución Industrial, sin redes de telecomunicaciones.
“Es precisamente la quinta generación de servicios móviles, la 5G, lo que va a venir a habilitar el desarrollo de estas otras tecnologías. 5G permite que exista el IoT, y esto posibilita recabar datos que al final de cuentas permite el entrenamiento de algoritmos de IA y hacer más eficientes todos los procesos productivos”.
Además de espectro radioeléctrico, 5G requiere hasta 10 veces más infraestructura que 4G, lo que se traduce en una demanda mayor de capital, “inversión que no va a fluir si no contamos con condiciones de certeza jurídica, de mantener las reglas del juego, que los inversionistas sepan que se van a respetar durante el tiempo necesario para recuperar esas inversiones”.
Al referirse a la propuesta del Ejecutivo de regresar la función regulatoria de un organismo autónomo como el IFT a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Juárez Mojica recordó el mandato constitucional de este ente de fomentar el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión en el país, “la pregunta que debe hacerse es si con la propuesta del Ejecutivo se va a cumplir con ese mandato constitucional”.
Refirió que aun cuando en la Ley Federal de Telecomunicaciones de 1995 se creó la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) como órgano desconcentrado de la SCT, la realidad es que la secretaría en ese entonces seguía siendo el superior jerárquico.
“Teníamos la llamada doble ventanilla en trámites tan necesarios como la competencia y la regulación como es el caso del otorgamiento de las concesiones, la imposición de sanciones. La última palabra la tenía la SCT”.
Esto, recordó, generó un escenario de gran incertidumbre jurídica cuando por ejemplo en una ocasión la SCT modificó tarifas de interconexión que previamente había resuelto la Cofetel, “pero más allá de esos datos anecdóticos, los datos duros demuestran que los usuarios de telecomunicaciones y las audiencias están mejor hoy que en el 2013, mejor con el IFT que sin el IFT”.
La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones realizada en 2013 se tradujo en beneficios como la eliminación del pago de roaming en el servicio móvil; de hecho el ingreso de nuevos proveedores de servicios en el país llevó a la desaparición del roaming internacional con Estados Unidos y Canadá. Además, la larga distancia nacional se eliminó y la larga distancia internacional ha tenido reducciones de 40 por ciento.
Mientras que la inflación acumulada del 2013 a la fecha ha sido de más del 30 por ciento, los precios de telecomunicaciones han caído en más del 27 por ciento. En el servicio de telefonía móvil, los usuarios han evidenciado una caída de precios de alrededor de 44 por ciento.
La cantidad de mexicanos con acceso a internet, desde su teléfono celular, lo que se conoce como banda ancha móvil, creció de 27 a 97 millones de líneas; es decir, un crecimiento de aproximadamente 70 millones de personas; en materia de banda ancha fija, el acceso pasó de 11 a 19 millones de hogares conectados.
“Se ha calculado que el beneficio para la sociedad es de más de 540 mil millones de pesos. Esto implica que por cada peso que se invierte en el IFT se generan 47 pesos en beneficios para la sociedad. Se ha dicho que somos un organismo caro, sin embargo, pienso que en un análisis completo y objetivo se tendría necesariamente que tomar en cuenta los beneficios que se generan, lo que retribuimos a la sociedad”.
El comisionado Juárez Mojica enfatizó que no por ser un organismo con autonomía constitucional, el IFT deja de presentar información y rendir cuentas. “Los avances son notables y no tengo duda en decir que para que esos avances se dieran, fue fundamental que el IFT actuara con independencia, ajeno a cualquier interés económico y político”.
C$T-GM
