Agilizar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones es un reto permanente en los países de América Latina, pues aunque existe una creciente tendencia hacia la desburocratización de procesos y armonización de trámites, las trabas impuestas desde los gobiernos locales y la desinformación, son barreras con las que aún se tiene que lidiar.
La importancia de la infraestructura de telecomunicaciones tiene poco margen de discusión, pues tal como refiere 5G Americas en el reporte “Infraestructura en Telecomunicaciones: Regulación Comparada en América Latina y el Caribe”, el ecosistema móvil es el mayor impulsor del progreso y bienestar económico, aportando 5.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial durante 2020.
El documento señala que en la actualidad, uno de los mayores problemas que enfrentan los prestadores de servicios de telecomunicaciones en la región es la lentitud con que se pueden llegar a implementar las reformas a las leyes en todo lo referente al despliegue de redes de telecomunicaciones.
“Hay casos donde los gobiernos centrales no han sido capaces de evitar las trabas que imponen algunos gobiernos locales, que actúan al margen de la política nacional sobre instalación de infraestructura al dictar sus propias reglas, trámites y procedimientos, muchas veces contrarios a lo estipulado en la normativa existente”.
Esta situación resulta en perjuicio a la ciudadanía, al retrasar la expansión en la cobertura de servicios y demorar la llegada de nuevas tecnologías a estas regiones, mientras imponen nuevos costos artificiales a los operadores.
La falta de homogeneidad en los procesos de autorización continúa siendo una de las principales barreras para el despliegue de infraestructura; en diversos mercados latinoamericanos, la responsabilidad de entregar estos permisos recae en las autoridades locales, las cuales pueden tener requisitos y trámites distintos para aprobar las solicitudes de construcción de torres o despliegue de nuevas antenas.
5G Americas destaca que si se considera que la cantidad de entidades locales que existen en cada país de la región pueden variar entre alrededor de 100 a varios miles de municipios, cada uno potencialmente con sus propias reglas, un alto nivel de burocracia que sólo sirve para incrementar costos y retrasar el despliegue e inversión en nuevas redes.
Otra barrera en el incremento de cobertura de telecomunicaciones es la desinformación que puede existir en distintos sectores de la sociedad civil y/o entidades de gobierno sobre los efectos en la salud de la instalación y puesta en funcionamiento de la infraestructura de telecomunicaciones.
“Esta situación ha llevado en ocasiones a que, basándose en datos erróneos, las autoridades pertinentes emitan normas y medidas contrarias a facilitar el despliegue de infraestructura”.
Adicionalmente, señala el reporte, se observa oposición a la instalación de antenas o torres por parte de comunidades fundamentalmente a causa de la supuesta contaminación visual y/o depreciación de las propiedades aledañas por efecto de la misma.
En la región, también es posible ver iniciativas regulatorias que atienden a los pedidos de estas comunidades, al imponer medidas que restringen la instalación de infraestructura en “zonas sensibles” y exigen condiciones que limitan o retrasan el despliegue de nuevas redes que requieran la instalación de nuevas torres.
Todo ello, acompañado de nuevos llamados por parte de los gobiernos para mejorar la cobertura de nuevas tecnologías inalámbricas y reducir la congestión de tráfico que pueden experimentar los operadores.
“Ante esta realidad, se hacen necesarios mayores esfuerzos para educar a los distintos sectores de la sociedad civil y de diversas entidades de gobierno sobre el verdadero impacto que tienen las redes de telecomunicaciones en la salud de la ciudadanía”.
En este escenario, 5G Americas señala la importancia de que las personas encargadas en tomar decisiones entiendan que es imposible incrementar la cobertura de redes inalámbricas sin el despliegue de antenas o la construcción de torres donde albergarlas.
“Por último, es fundamental para el sano desarrollo del sector minimizar medidas intervencionistas que atenten contra la inversión de los operadores de telecomunicaciones, sobre todo si éstas van en perjuicio económico del proveedor de servicios, no son viables por cuestiones técnicas, o el problema puede resolverse de forma satisfactoria en un tiempo razonable por medio de la negociación entre las partes involucradas”.
Al analizar regulaciones y acuerdos enfocados en impulsar la adopción digital, el documento señala la compartición de infraestructura como una pieza clave; sin embargo, puntualiza que esta alternativa debe llevarse a cabo de manera voluntaria y en términos y condiciones recíprocas.
Y es que los niveles de saturación en número de líneas y la evolución de las tecnologías inalámbricas hacen cada vez más atractivo para los operadores incrementar su cobertura geográfica, pero esto crea una presión entre los distintos proveedores de un mismo mercado para cerrar acuerdos con sus competidores para, de forma conjunta, desplegar una red que les permita de forma eficiente incrementar la cobertura en localidades donde el despliegue de una red por un solo operador no es económicamente viable.
“La compartición de infraestructura debe enmarcarse en la factibilidad técnica, económica, operativa y legal evitando, en lo posible, la intervención del Estado. Las autoridades de regulación deben entender que cualquier normativa sobre compartición de infraestructura debe darse en un marco viable para ambas partes”.
Puntualiza que establecer reglas que no puedan cumplirse por cuestiones técnicas o que causen una pérdida económica a una de las partes involucradas va en detrimento del sano desarrollo del sector y podría tener consecuencias adversas como una reducción en infraestructura para nuevas localidades, lo que implica el riesgo de afectar negativamente en el desarrollo y expansión de las redes.
“Los aspectos que, en su caso, debe vigilar la autoridad son que se debe cuidar la inversión ya realizada en infraestructura, así como promover el aumento y penetración de ésta”.
En este sentido, se deben implementar normas que reduzcan la carga impositiva en la importación de infraestructura de telecomunicaciones y dispositivos, lo que permitiría una expansión en el despliegue de cobertura y aceleraría los tiempos de adopción de nuevas tecnologías por parte de los consumidores.
C$T-GM
