A escasos 28 meses de que concluya la presente administración, el Jefe del Ejecutivo debería estar valorando las opciones que tiene para cumplir su compromiso de brindar conectividad “para todos los mexicanos”, un desafío que difícilmente logrará alcanzar con la actual estrategia de creer que “la CFE lo puede hacer todo”.
Es necesario estar consciente que el Presidente, solo, no podrá conectar a todo el país. ¿Podría elevar 10 por ciento el nivel de conectividad entre la población? Sí, pero dando un primer gran paso: revisar y modificar la Ley Federal de Derechos (LFD) para ajustar a la baja el precio del espectro radioeléctrico, permitir modelos de cobertura social y ofrecer subsidios de accesibilidad, lo que en conjunto representaría iniciar el proyecto de cobertura universal.
“Plantear el pago en especie (del espectro) a través de cobertura social. ¿Por qué no permitir que AT&T, Altán, Telcel, Telmex y los cableros entren a proyectos de cobertura social? Dar oportunidad de más servicios de conectividad, incluso donde ya hay servicios disponibles, porque si hay disponibilidad y servicios de cobertura para el 94 por ciento de la población, entonces ¿por qué sólo hay 74 por ciento conectada a banda ancha?”.
Fernando Borjón, Senior Advisor en Access Alerts, añadió que con el presupuesto 2023, está la oportunidad de revisar la LFD, lo que sería un gran paso para establecer un precio más competitivo para el altísimo costo que hoy tiene el espectro radioeléctrico, y que en repetidas ocasiones el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha demostrado con estudios, la conveniencia de reducir su precio a cambio de mayor conectividad para el país.
En entrevista con ConsumoTIC, el especialista sostuvo que impulsar la modificación de la LFD debe surgir de la propia oficina del Presidente, pues además de estar en línea con su proyecto de gobierno, sería de mucha ayuda y muy positivo, dada la alta influencia que tiene con su propio partido político.
¿Perdería algo el Presidente?, por el contrario estaría en línea con los objetivos de conectividad que ha comprometido, representaría avanzar en la dirección correcta y dar sustentabilidad a este proyecto en el largo plazo, sostuvo el ex-Comisionado fundador del IFT.
“Rechazar esta alternativa sólo porque lo ha dicho el instituto… ya se nos murió Telefónica como operador, se eliminó una aportación al erario, se redujo a un jugador importante en el mercado, ¡se está quemando la casa, hagan algo!, ha sido la alerta, pero la respuesta ha sido, no, hay que seguir cobrando lo mismo”.
En opinión del especialista, el problema es que le han dicho al Presidente que todo lo puede hacer la CFE, igual que le dijeron que meterían fibra óptica en todos lados, pero en cuatro años no lo han logrado; ahora hablan de instalar 2 mil 800 torres, pero en la práctica la estrategia de CFE Telecomunicaciones Internet para Todos (CFE-TEIT), “no ha funcionado”.
Modificar la Ley Federal de Derechos sería un gran paso, para migrar hacia modelos de proyectos de cobertura social, de subsidiar proyectos de accesibilidad, de apoyar la conectividad de las personas que no pueden pagar su servicio.
“No se trata de un subsidio generalizado, la administración ya tiene foco sobre 25 millones de personas que están integradas al programa Bienestar, pues a partir de ese padrón, analizar las personas que lo necesitan y dar la posibilidad de acceso a una cuota o subsidiar un paquete preferencial en alianza con los operadores de telecomunicaciones”.
Se puede armar este tipo de proyectos, pero la base principal en este momento es reformar la LFD, admitiendo ese tipo de pagos en especie (inversión) por parte de los operadores que liciten por el uso y explotación de este insumo básico en el negocio de las telecomunicaciones.
A partir de la masificación del uso de internet, la industria vive una etapa de nuevos retos, por ello es muy importante ofrecer soluciones en materia de espectro, considerando que se afectó al que fuera el segundo jugador más importante en la industria, que la demanda de este activo ahora solo recae en dos empresas, y que las más recientes licitaciones concluyeron con malos resultados, al declararse una importante cantidad de bloques de espectro desiertos, porque el precio es muy caro.
En todos estos años, el IFT ha logrado construir para el sector “predicibilidad”, es decir, certidumbre, un elemento de suma importancia para la industria que requiere certeza jurídica, es decir, saber hacia dónde se moverán las cosas, pero si cada año se modifica la LFD, es imposible que este tipo de empresas intensivas en el ejercicio de inversión, puedan gozar de tranquilidad.
“Garantizar esas condiciones es imprescindible, como empresa se puede planear, con seguridad jurídica, las personas de negocios necesitan saber que al menos en cinco años no se tendrán sorpresas, que las cosas serán claras, que todo se define a partir de consultas públicas, de cara a la gente”.
Brindar certeza jurídica es muy importante para las empresas, pues aunque enfrenten un escenario económico global complicado, saben que en lo doméstico hay un clima de certidumbre de estabilidad y propicio para invertir en proyectos de transformación digital que impactarán positivamente el desempeño económico interno, que ayudarán al trabajo, y a la educación.
C$T-EVP
